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¿Es válido el certificado ISO 37001:2016 si las bases estándar exigen la versión 2025?

 El factor de evaluación“Integridad en la contratación pública” contemplado en las bases estándar vigentes establece que los postores deben presentar el:

“(…) certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno de acuerdo con la norma ISO 37001:2025 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001)”.

Esta disposición ha generado controversias en diversos procedimientos de selección, debido a que algunos evaluadores no otorgaron el puntaje correspondiente a ofertas que acreditaban dicho factor mediante certificados ISO 37001:2016, bajo el argumento de que las bases hacían referencia expresa a la versión 2025.

La controversia radica en determinar si la referencia literal a la versión ISO 37001:2025 debe aplicarse de manera excluyente o si corresponde considerar los certificados ISO 37001:2016 que mantienen vigencia dentro del régimen oficial de transición hacia la nueva versión de la norma. Sobre este aspecto, el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) comunicó el 26 de marzo de 2026 la actualización de la norma ISO 37001:2025 y precisó la existencia de un período de transición hasta el 28 de febrero de 2027, durante el cual coexisten válidamente las certificaciones emitidas bajo las versiones ISO 37001:2016 e ISO 37001:2025. Dicho régimen se encuentra alineado con el documento IAF MD 30:2025 emitido por el International Accreditation Forum (IAF).

Sobre la base de dicho marco técnico, el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) viene consolidando un criterio favorable al reconocimiento de la validez de las certificaciones ISO 37001:2016 durante el período de transición. Así lo ha sostenido en la RESOLUCIÓN N°4323-2026-TCP-S5, la RESOLUCIÓN N°4331-2026-TCP-S1, la RESOLUCIÓN N°5431-2026-TCP-S3 y la RESOLUCIÓN N°6601-2026-TCP-S3.

Particularmente, la Quinta Sala señaló que “la sola presentación de un certificado emitido bajo la versión 2016 no podía ser considerada, por sí misma, como un incumplimiento del factor de evaluación”, precisando además que exigir exclusivamente la versión ISO 37001:2025, sin considerar el régimen de transición vigente, implica privilegiar una formalidad por encima de la finalidad real del factor de evaluación. Asimismo, la Primera Sala sostuvo que la entrada en vigencia de la ISO 37001:2025 no produjo la pérdida automática e inmediata de validez de los certificados emitidos bajo la ISO 37001:2016. Por su parte, la Tercera Sala precisó que lo relevante era verificar que el postor contara con una certificación vigente de su sistema de gestión antisoborno emitida por un organismo acreditado.

Por otro lado, cabe precisar que existe un pronunciamiento previo, la Resolución N.° 1727-2026-TCP-S2, que fue utilizada por algunas entidades y evaluadores para sustentar la no asignación de puntaje cuando se presentaban certificados ISO 37001:2016. Sin embargo, las propias Salas del Tribunal han señalado posteriormente que dicho pronunciamiento se concentró en identificar cuál era la versión vigente de la norma, sin desarrollar expresamente el régimen internacional de transición ni la coexistencia temporal entre las certificaciones emitidas bajo las versiones 2016 y 2025. Incluso, la Quinta Sala precisó que dicha resolución no resulta suficiente para sustentar una interpretación restrictiva que desconozca el período de transición reconocido por el IAF y el INACAL.

En síntesis, el criterio que se ha consolidado en el Tribunal de Contrataciones Públicas es que, mientras se encuentre vigente el período oficial de transición reconocido por el INACAL y el IAF, los certificados ISO 37001:2016 deben ser válidos para acreditar el factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”. Por ello, los evaluadores deben verificar la vigencia de la certificación y la implementación efectiva del sistema de gestión antisoborno, evitando interpretaciones exclusivamente literales que desconozcan el régimen técnico de transición actualmente vigente.

 

Experiencia Acumulada, no restada: Factor «Experiencia Adicional del Postor» en Obras (Ley 32069)

¿Debe descontarse del monto acreditado para la “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad” aquello que el postor ya utilizó para cumplir el requisito de calificación “Experiencia del Postor en la Especialidad”?

Introducción

En los procedimientos de selección de obras convocados bajo la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF, las bases estándar habilitan como factor de evaluación facultativo la “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”. Se trata de un factor que otorga puntaje en función del monto facturado acumulado que el postor acredita en obras de la especialidad y subespecialidad requeridas, el cual debe superar el monto de la cuantía de la contratación.

En la práctica, aún existen evaluadores que vienen aplicando una metodología que no encuentra respaldo en las bases estándar: deducir del monto total acumulado acreditado por el postor aquel importe que ya sirvió para cumplir el requisito de calificación “Experiencia del Postor en la Especialidad”, o, exigir que el postor presente contratos o experiencias distintas de las utilizadas para calificar, a efectos de obtener puntaje en el factor de evaluación.

El objetivo de este artículo es explicar, con base en la Ley N.° 32069, su Reglamento, las bases estándar de la Directiva N.° 0005-2025-EF/54.01 y los criterios recientemente fijados por el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) en las Resoluciones N.° 8520-2026-TCP-S6 y N.° 6601-2026-TCP-S3, por qué dicha práctica carece de sustento normativo y debe ser corregida por los evaluadores.

1. El requisito de calificación y el factor de evaluación: Secciones distintas sobre una misma experiencia

El artículo 72 del Reglamento regula los requisitos de calificación, definiéndolos como aquellos que permiten determinar si los postores cuentan con las capacidades y aptitudes para ejecutar el contrato. Entre los cinco tipos previstos en el numeral 72.3, el literal c) contempla la “Experiencia del postor en la especialidad”, referida a la destreza adquirida por el postor en el desempeño de labores iguales o similares al objeto de contratación, la cual, tratándose de obras, corresponde a la especialidad y subespecialidad acreditada conforme al artículo 157 del Reglamento.

Por su parte, el artículo 73 del Reglamento regula la evaluación de las ofertas técnicas, precisando en su numeral 73.2 que los factores de evaluación tienen como objetivo permitir la selección de la mejor oferta conforme al principio de valor por dinero, y en el numeral 73.3 que las bases estándar aprobadas incluyen factores de evaluación obligatorios y facultativos según el objeto y la modalidad del procedimiento.

De la lectura conjunta de ambas disposiciones se advierte que el requisito de calificación y el factor de evaluación son secciones jurídicamente distintas, con funciones distintas: el primero opera como un umbral mínimo de acceso —un filtro de admisibilidad— que el postor debe superar bajo sanción de descalificación; el segundo opera como un mecanismo de puntuación comparativa entre las ofertas que ya superaron dicho umbral, orientado a premiar una mayor solvencia técnica. Sin embargo, el Reglamento no dispone que ambas secciones deban recaer sobre conjuntos de experiencias mutuamente excluyentes. Por el contrario, ambas se construyen, en el caso de obras, sobre el mismo dato objetivo: el monto facturado acumulado por el postor en la especialidad y subespecialidad requeridas.

2. Lo que efectivamente exigen las bases estándar

Las bases estándar de la Directiva N.° 0005-2025-EF/54.01, “Directiva que establece las bases estándar para los procedimientos de selección en el marco de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas”, aprobada mediante Resolución Directoral N.° 0015-2025-EF/54.01 y modificada mediante la Resolución Directoral N.° 0001-2026-EF/54.01, contiene la sección del factor de evaluación facultativo “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”, aplicable tanto a la licitación pública de obras como a su modalidad abreviada.

Dicha sección establece que el postor “debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a […], el que debe superar la cuantía requerida como requisito de calificación y no superar las tres veces la cuantía de la contratación o del ítem”, acreditándose dicha experiencia con la misma clase de documentación admitida para el requisito de calificación —contratos y actas de recepción de obra, resoluciones de liquidación o constancias de prestación—, hasta un máximo de veinte contrataciones.

La metodología de asignación de puntaje se construye sobre una sola variable: “M = Monto facturado acumulado por el postor por contrataciones iguales o similares”, comparado contra rangos expresados como múltiplos de la cuantía (por ejemplo, de una a una y media veces la cuantía, de una y media a dos veces la cuantía, y dos o más veces la cuantía, según el tramo que corresponda conforme a las bases particulares). Las propias bases precisan, en nota aclaratoria, que dicho monto “debe ser mayor al requerido como requisito de calificación”.

De este texto se desprende una conclusión central para el problema planteado: la condición que establecen las bases no es que el postor acredite un monto “adicional” en el sentido de una experiencia distinta o de una diferencia aritmética tras una resta; la condición es que el monto total acumulado acreditado —el mismo que, en su integridad, sirve de sustento al requisito de calificación— sea superior al umbral exigido para dicho requisito. Es decir, la comparación ordenada por las bases estándar es entre el monto total acreditado y la cuantía de referencia, no entre un remanente post-deducción y dicha cuantía.

3. El límite reglamentario a la discrecionalidad de los evaluadores

Esta lectura no queda librada a la interpretación de los evaluadores. El numeral 55.2 del artículo 55 del Reglamento faculta a los evaluadores a adicionar, suprimir o ajustar los factores de evaluación facultativos propuestos en la estrategia de contratación, pero condiciona expresamente dicha facultad a “respetar la evaluación, acreditación, puntaje y metodología para su asignación previstos en las bases estándar”.

En consecuencia, los evaluadores no deben modificar la metodología de cálculo del factor “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad” establecida en las bases, y menos aún deben introducir, por vía interpretativa, una operación de deducción que dicha metodología no contempla. Hacerlo no constituye un ejercicio razonable de la discrecionalidad técnica del comité, sino una modificación de las bases estándar no autorizada por el Reglamento.

4. El criterio del TCP en la Resolución N.° 8520-2026-TCP-S6: la deducción del monto de calificación carece de sustento

Este es, precisamente, el problema resuelto por la Sexta Sala del TCP en la Resolución N.° 8520-2026-TCP-S6, emitida por la sexta sala del tribunal producto del recurso de apelación a la Licitación Pública de Obras N.° 1-2026-UNF/C, convocada por la Universidad Nacional de Frontera – Sullana.

En dicho caso, el comité otorgó al impugnante diez puntos en el factor “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”, tras aplicar la siguiente operación: partió del monto total de experiencia acreditado (S/ 17 132 183.93), le dedujo el monto utilizado para el requisito de calificación (S/ 6 304 983.26) y, adicionalmente, el importe de una experiencia no validada, para arribar a un “monto de experiencia adicional” de aproximadamente S/ 8 354 401.89. Sobre esa base, el comité concluyó que el postor no alcanzaba el umbral de dos veces la cuantía (S/ 12 609 966.52) requerido para los treinta puntos.

El Tribunal revisó esta metodología y concluyó, sin ambigüedad, que “las bases integradas no han previsto que, para efectos de la asignación del puntaje correspondiente al factor ‘Experiencia adicional del postor en la especialidad’, deba deducirse del monto facturado acumulado acreditado el importe utilizado para acreditar el requisito de calificación”. Precisó, además, que las bases integradas se limitaron a establecer rangos de monto facturado acumulado para la asignación del puntaje, “sin disponer que dichos montos deban determinarse luego de deducir el importe utilizado para acreditar el requisito de calificación”.

Frente al argumento —usado en la práctica por algunos evaluadores— según el cual las bases estándar señalan que no corresponde otorgar puntaje a las experiencias que únicamente permitan acreditar el monto mínimo requerido para la calificación, el TCP fue igualmente categórico: esa disposición “no implica que dicho monto deba ser restado del monto facturado acumulado acreditado para efectos de aplicar los rangos de puntuación previstos en las bases integradas”.

En otras palabras, que las bases exijan superar el umbral de calificación no equivale a exigir una resta contable de dicho umbral sobre el total acreditado; equivale, únicamente, a exigir que el total acreditado sea superior a ese umbral, comparación que se satisface con el monto acumulado en su integridad.

Como consecuencia de este razonamiento, el TCP recalculó el puntaje del impugnante sobre la base del monto total facturado acumulado (S/ 14 659 385.15, una vez excluida la única experiencia efectivamente cuestionada por el adjudicatario), constató que dicho monto superaba las dos veces la cuantía exigida, y le asignó los treinta puntos correspondientes al tramo superior del factor de evaluación, revocando así la calificación indebidamente restringida por el comité.

5. La confirmación en la Resolución N.° 6601-2026-TCP-S3: una misma experiencia, dos efectos acumulativos

El criterio anterior encuentra un correlato adicional en la Resolución N.° 6601-2026-TCP-S3, emitida por la Tercera Sala del Tribunal, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio San Francisco en el marco de la Licitación Pública Abreviada N.° 4-2026-INIA-1, convocada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

En dicho procedimiento, el postor impugnante presentó, mediante el Anexo N.° 11 de su oferta, un total de cinco experiencias por un monto acumulado de S/ 3 174 406.17. El adjudicatario cuestionó una de dichas experiencias, alegando incertidumbre sobre el monto final ejecutado por la existencia de adicionales y deductivos no sustentados con la resolución de liquidación de obra. El Tribunal desestimó dicho cuestionamiento —al no ser exigible tal documentación conforme a las bases integradas— y validó el monto acreditado en su totalidad.

Lo relevante para el problema analizado es la conclusión con la que el Tribunal cerró este extremo: al haber acreditado el Consorcio Impugnante el monto total de S/ 3 174 406.17, dicho postor “cumple con el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad (S/ 1 963 695.91) y también supera el monto de S/ 3 000 000.00 requeridos para la asignación de 30 puntos en el factor de evaluación ‘Experiencia adicional del postor en la especialidad’”.

Nótese la estructura de este pronunciamiento: el TCP no observó, que el postor deba acreditar experiencias diferentes para cada finalidad. El mismo conjunto de experiencias, por el mismo monto total, cumple simultáneamente dos funciones distintas —satisfacer el requisito de calificación y generar el puntaje máximo del factor de evaluación—, precisamente porque ambas instituciones se miden sobre la misma variable acumulada, y no sobre conjuntos separados de contratos.

6. Fundamento sistemático: el sustento en los principios de la contratación pública

La lectura acumulativa que impone la normativa y confirma el Tribunal no es una opción interpretativa entre varias igualmente válidas, sino la única compatible con los principios rectores previstos en el artículo 5 de la Ley. Exigir al postor experiencias distintas de las ya presentadas para calificar, o deducir de su monto acumulado el importe usado para acreditar el requisito de calificación, introduce una restricción no prevista en las bases estándar que:

  • Vulnera el principio de libertad de concurrencia, reconocido en el literal h) del numeral 5.1, en la medida en que las entidades contratantes deben evitar “exigencias y formalidades innecesarias” que no consten en la metodología aprobada.
  • Afecta el principio de competencia, previsto en el literal j), pues introduce una condición que puede alterar artificialmente el orden de prelación entre postores sin base normativa objetiva.
  • Compromete el principio de igualdad de trato del literal k), en tanto la deducción practicada por un comité puede no replicarse en otro procedimiento con idéntica base estándar, generando tratamiento diferenciado ante situaciones normativamente idénticas.
  • Se aparta del principio de eficacia y eficiencia del literal b), que exige priorizar el cumplimiento de los fines públicos —identificar objetivamente al postor con mayor solvencia técnica acumulada— por encima de formalismos no previstos en las bases.

7. Implicancias prácticas para evaluadores y postores

De lo expuesto se derivan reglas de actuación concretas. Para los evaluadores: (i) el monto a evaluar en el factor “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad” es el monto facturado acumulado total acreditado por el postor, sin deducción alguna del importe utilizado para el requisito de calificación; (ii) no corresponde exigir al postor la presentación de contratos o experiencias distintas de las ya presentadas para acreditar el requisito de calificación, salvo que voluntariamente decida sustentar el factor con documentación adicional a la de su Anexo de calificación; y (iii) cualquier metodología de cálculo que se aparte de lo establecido en las bases estándar excede la facultad conferida por el numeral 55.2 del artículo 55 del Reglamento.

Para los postores, la consecuencia es igualmente clara: basta con acreditar, dentro del máximo de veinte contrataciones admitido por las bases estándar, un monto facturado acumulado que supere los umbrales establecidos para cada tramo de puntaje, sin que resulte necesario duplicar su acervo documentario ni reservar experiencias “extra” exclusivamente para el factor de evaluación.

8. Conclusiones

El requisito de calificación “Experiencia del Postor en la Especialidad” y el factor de evaluación facultativo “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”, en los procedimientos de selección de obras regulados por la Ley N.° 32069 y su Reglamento, se construyen sobre una misma variable objetiva: el monto facturado acumulado por el postor en la especialidad y subespecialidad requeridas, conforme a los artículos 72 y 73 del Reglamento.

Las bases estándar de la Directiva N.° 0005-2025-EF/54.01, aprobada mediante Resolución Directoral N.° 0015-2025-EF/54.01, y modificada mediante Resolución Directoral N.° 0001-2026-EF/54.01, exige que dicho monto acumulado total supere la cuantía requerida como requisito de calificación; no exige, en cambio, que se acredite un monto adicional obtenido tras deducir el importe empleado para dicho requisito, ni que se presenten contratos o experiencias distintas de los ya utilizados para calificar.

Así lo ha confirmado el Tribunal de Contrataciones Públicas en la Resolución N.° 8520-2026-TCP-S6, al establecer que las bases integradas no disponen que el monto facturado acumulado deba determinarse luego de deducir el importe del requisito de calificación, corrigiendo una metodología de deducción aplicada por el comité de selección que carecía de sustento normativo. En el mismo sentido, la Resolución N.° 6601-2026-TCP-S3 confirma que un mismo conjunto de experiencias, por su monto total acumulado, puede satisfacer simultáneamente el requisito de calificación y generar el puntaje máximo del factor de evaluación, sin que sea exigible una diferenciación entre ambos conjuntos documentarios.

Los evaluadores que continúen aplicando la deducción del monto de calificación, o que exijan experiencias distintas para el factor de evaluación, incurren en una modificación no autorizada de la metodología prevista en las bases estándar, contraria al numeral 55.2 del artículo 55 del Reglamento y a los principios de libertad de concurrencia, competencia e igualdad de trato reconocidos en el artículo 5 de la Ley, con el consiguiente riesgo de que sus decisiones sean revocadas en sede de recurso de apelación, tal como ha ocurrido en los casos analizados.

 

¿Actualizar la Cuantía o Anular el Procedimiento? La Corrección del Expediente Técnico de Obra durante la Absolución de Consultas y Observaciones bajo la Ley N.° 32069

 ¿Qué debe hacer una entidad cuando, al absolver una consulta o una observación, se da cuenta de que el expediente técnico de una obra necesita más presupuesto del previsto? ¿Corrige el monto y sigue adelante, o anula todo el procedimiento? Este artículo responde esa pregunta a partir de la Ley N.° 32069, su Reglamento y varios casos resueltos por el OECE.

Introducción

La fase de selección regulada por la Ley N.° 32069 y su Reglamento contempla, entre sus etapas previas a la presentación de ofertas, la formulación de consultas y observaciones a las bases y su posterior absolución, la cual culmina con la integración de las bases. En el caso específico de la contratación de obras, es frecuente que, producto de una consulta —entendida como un pedido de aclaración o información adicional— o de una observación —entendida como la comunicación fundamentada de un supuesto incumplimiento normativo—, el comité de selección, el oficial de compra o la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) adviertan la necesidad de precisar, corregir o ajustar el expediente técnico de obra, lo que puede derivar en la variación del presupuesto de obra y, con ello, en el incremento de la cuantía de la contratación originalmente prevista.

Esta situación genera una tensión práctica relevante para la entidad, quien tiene que decidir entre: (i) corregir el expediente técnico y actualizar la cuantía dentro del propio procedimiento, integrando las bases con la información corregida, o (ii) declarar la nulidad del procedimiento de selección para retrotraerlo a una etapa anterior.

El objetivo de este artículo es explicar, con base en la Ley N.° 32069, su Reglamento y la práctica del OECE en procedimientos de selección de obras, en qué supuestos la actualización de la cuantía puede resolverse dentro de la propia absolución de consultas y observaciones e integración de bases, y en qué supuestos, en cambio, corresponde declarar la nulidad del procedimiento. Para ello se revisan la Ley, el Reglamento y varios casos resueltos por el OECE.

1 . El requerimiento, el expediente técnico y la cuantía de la contratación

La Ley N.° 32069 atribuye al área usuaria la responsabilidad de formular adecuadamente su requerimiento de obras en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, conforme al literal a) del artículo 20 del Reglamento. En el caso específico de obras, el requerimiento se materializa en el expediente técnico, el cual, según el numeral 46.5 del artículo 46 de la Ley, “debe contar con una estructura de costos definida de acuerdo con las particularidades que demande la complejidad del proyecto”. Sobre esa estructura de costos se determina la cuantía de la contratación, entendida como el valor que las entidades contratantes establecen, según el numeral 48.1 del artículo 48 de la Ley, “conforme a la PMBSO y lo dispuesto en el reglamento, a fin de gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios”.

La propia Ley precisa, en el numeral 48.2 de su artículo 48, que el Reglamento debe establecer en qué casos dicho presupuesto estimado constituye “punto de referencia para las ofertas”. El Reglamento desarrolla esta remisión distinguiendo los sistemas de entrega de obra. Como regla general, el numeral 53.4 del artículo 53 dispone que no es obligatorio dar a conocer a los proveedores la cuantía de la contratación durante la fase de selección, salvo que esta constituya punto de referencia para la presentación de ofertas. Tratándose de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción —el más frecuente en los casos revisados en este artículo—, el numeral 163.2 del artículo 163 exige que la cuantía se publique desde la propia convocatoria, con base en el presupuesto definido en el expediente técnico, y el artículo 165 confirma que dicha cuantía es punto de referencia obligatorio para las ofertas. La misma lógica aplica al sistema de diseño y construcción, donde el numeral 166.1 del artículo 166 dispone que el componente de ejecución de obra también es punto de referencia para la oferta. En cualquiera de estos casos, la publicidad de la cuantía —y, correlativamente, su exactitud— resulta obligatoria desde el inicio del procedimiento.

Esta distinción resulta determinante para el análisis, en la medida en que la trascendencia de un error en la cuantía —y, con ello, la necesidad de recurrir o no a la nulidad— depende, entre otros factores, de si dicho monto opera o no como referencia obligatoria para la formulación de las ofertas.

2. La absolución de consultas y observaciones e integración de bases

El numeral 66.4 del artículo 66 del Reglamento regula la formulación de consultas y observaciones, estableciendo que el pliego de absolución, una vez elaborado por el oficial de compra, el comité o la DEC, se publica junto con las bases integradas, las cuales “contienen las modificaciones o precisiones formuladas y se constituyen en las reglas definitivas del procedimiento”. Esta etapa cumple, por tanto, una función correctiva y depuradora: permite que las bases queden ajustadas a la normativa vigente y a las necesidades reales de la entidad antes de que los proveedores presenten sus ofertas.

De especial relevancia es el numeral 66.5 del mismo artículo, que regula qué ocurre cuando la absolución de una consulta u observación exige precisar o ajustar el requerimiento. La norma establece que, en obras bajo el sistema de solo construcción, si el ajuste implica replantear el expediente técnico, el comité o el oficial de compra deben seguir un orden específico: primero, remitir la consulta u observación al órgano encargado de elaborar, aprobar o dar conformidad a los expedientes técnicos de la entidad, para que emita su opinión técnica; y solo después, con esa opinión, modificar el requerimiento o solicitar la no objeción del área usuaria. Esta secuencia confirma que el propio Reglamento prevé, como algo normal, que la absolución de consultas y observaciones pueda derivar en un ajuste del expediente técnico —evitando que una corrección apresurada comprometa la viabilidad técnica o económica de la obra—, sin que ello implique remitir automáticamente el caso a la declaratoria de nulidad.

Asimismo, el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento habilita a los proveedores a cuestionar el pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas ante el OECE, mediante la elevación de cuestionamientos, cuando adviertan vulneraciones a la normativa de contrataciones públicas o a los principios que la rigen. Es precisamente en el marco de este mecanismo de control que el OECE ha tenido oportunidad de pronunciarse, en diversos procedimientos de selección de obras, sobre la procedencia de actualizar la cuantía de la contratación con ocasión de la integración definitiva de las bases.

3. La cuantía de la contratación no es un dato fijo

El numeral 53.1 del artículo 53 del Reglamento define la cuantía de la contratación como aquella considerada por la DEC a efectos de gestionar la certificación y/o previsión presupuestal, precisando de manera expresa que dicha cuantía, inicialmente establecida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), “puede ser actualizada producto de la interacción con el mercado, según corresponda”. Esta previsión normativa es determinante para el problema planteado; el propio Reglamento reconoce que la cuantía no es un dato inmutable fijado de manera irrevocable en el expediente de contratación, sino una magnitud que puede variar en función de la información técnica y de mercado disponible a lo largo de la preparación y desarrollo del procedimiento.

A ello se suma que los literales d) y f) del numeral 54.2 del artículo 54 incluyen la cuantía de la contratación y la certificación de crédito presupuestario como componentes del expediente de contratación, lo que evidencia la estrecha vinculación entre la determinación —y eventual actualización— de la cuantía y la disponibilidad de recursos presupuestales, aspecto que necesariamente debe acompañar cualquier incremento del monto proyectado para la obra.

4. Casos del OECE: Pronunciamientos que permitieron la actualización de la cuantía.

La revisión de distintos pronunciamientos emitidos por el OECE en el marco de la Ley N.° 32069 permite constatar que la actualización de la cuantía —y no la nulidad— ha sido la solución adoptada de manera consistente cuando la necesidad de ajuste del expediente técnico surge en la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, siempre que el ajuste obedezca a la corrección de omisiones, imprecisiones o a la incorporación de conceptos técnicamente justificados por la propia entidad.

En el Pronunciamiento N.° 344-2025/OECE-DSAT, referido a la Licitación Pública N.° 2-2025-CS-MDS-1 de la Municipalidad Distrital de Salas (Ica), la entidad contratante, atendiendo un cuestionamiento sobre la ausencia de partidas relativas al certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficies (CIRAS) y al plan de monitoreo arqueológico, decidió modificar el expediente técnico de obra, incorporando dichas partidas y actualizando el valor referencial de S/ 6’705,596.30 a S/ 6’759,817.54. El OECE acogió el cuestionamiento y dispuso que, con ocasión de la integración definitiva de las bases, se publicasen los documentos del expediente técnico actualizado —presupuesto, análisis de precios unitarios, cronogramas, entre otros— y que la entidad coordinara con el SEACE la actualización del valor referencial en la ficha correspondiente.

De manera análoga, en el Pronunciamiento N.° 447-2025/OECE-DSAT, correspondiente a la Licitación Pública N.° 04-2025/GRP-GSRLCC del Gobierno Regional de Piura, se identificó que la incorporación de los costos financieros de la carta fianza por adelanto directo dentro del desagregado de gastos generales —inicialmente omitidos— generó un incremento del monto total del proyecto. El OECE dispuso la publicación de los documentos del expediente técnico afectados (memoria descriptiva, presupuesto de obra, fórmula polinómica, desagregado de gastos generales, entre otros) con ocasión de la integración definitiva de las bases, reiterando la fórmula según la cual el pronunciamiento “no convalida extremo alguno del procedimiento de selección”.

En el Pronunciamiento N.° 526-2025/OECE-DSAT, relativo a la Licitación Pública de Obras N.° 2-2025-MPSM/CS-1 de la Municipalidad Provincial de San Miguel, se advirtió una posible incongruencia en el cálculo de insumos del presupuesto de obra; sin embargo, al no constatarse un error de relevancia sustantiva —la diferencia identificada resultaba mínima y cubierta por el margen de desperdicio admitido técnicamente—, el OECE concluyó que dicho error “no resulta suficiente ni de gravedad máxima para sustentar la declaratoria de la nulidad del procedimiento de selección”, reafirmando el carácter excepcional que debe revestir la nulidad frente a imprecisiones de orden técnico corregibles mediante la actualización de la documentación.

Un supuesto adicional se aprecia en el Pronunciamiento N.° 345-2025/OECE-DSAT, emitido respecto de la Licitación Pública N.° 1-2025-MDY/C-1 de la Municipalidad Distrital de Yanas, en el que, ante una observación referida a una presunta incongruencia aritmética en el presupuesto de obra, la entidad ratificó lo absuelto, precisando que no existía tal incongruencia; no obstante, con ocasión de la emisión del pronunciamiento, la propia entidad decidió actualizar el valor referencial, disponiéndose la publicación del presupuesto de obra actualizado y de toda la documentación afectada, bajo responsabilidad de la entidad y sujeta a rendición de cuentas.

5. La nulidad en un procedimiento de selección

Frente a la posibilidad de actualizar la cuantía, corresponde examinar el régimen de nulidad previsto en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, el cual regula de manera taxativa los supuestos en que procede la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección: a) cuando hayan sido dictados por órgano incompetente; b) cuando contravengan las normas legales; c) cuando contengan un imposible jurídico; d) cuando prescindan de las normas esenciales del procedimiento; y e) cuando prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, solo cuando esta sea insubsanable.

Además, el numeral 70.2 precisa que la nulidad puede ser declarada por el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP), únicamente en el marco de un recurso de apelación, o por la autoridad de la gestión administrativa, de oficio, hasta el otorgamiento de la buena pro. Por lo que, la nulidad procede únicamente ante vicios graves y taxativamente enumerados, y no ante cualquier variación o ajuste del contenido de las bases, por más que dicho ajuste module el monto económico del procedimiento. En esa línea, el OECE, al resolver los cuestionamientos elevados contra el pliego absolutorio y las bases integradas, no ostenta la competencia para declarar la nulidad del procedimiento de selección; sin embargo, sí puede advertir la existencia de vicios trascendentes que afecten el procedimiento de contratación, supuesto en el cual, conforme al numeral 8.10 de las disposiciones específicas de la Directiva N.° 003-2025-OECE-CD, “se emite el documento que disponga las medidas correctivas a adoptarse, no correspondiendo, en dicho supuesto, emitir pronunciamiento sobre la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio y las bases integradas”.

Complementariamente, el artículo 92 del Reglamento establece que la fase de selección culmina, entre otros supuestos, con el perfeccionamiento del contrato o la cancelación del procedimiento. A su turno, el numeral 85.1 del artículo 85 regula la cancelación del procedimiento de selección como una potestad distinta y de menor severidad institucional que la nulidad, prevista para los supuestos del artículo 57 de la Ley, lo que confirma la existencia de mecanismos diferenciados según la naturaleza del problema detectado.

6. Alcance y límites de la actualización de la cuantía

La etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases fue diseñada, precisamente, como el mecanismo ordinario para corregir y perfeccionar el contenido de las bases —incluido el expediente técnico— antes de que se presenten las ofertas. Por ello, cuando una consulta u observación revela la necesidad de ajustar el expediente técnico, actualizar la cuantía es la vía coherente con el principio de eficacia y eficiencia, reconocido en el literal b) del artículo 5 de la Ley, que exige a las entidades priorizar el cumplimiento de los fines públicos por encima de formalidades no esenciales. Así lo aplica el OECE en los casos revisados, al disponer la sola actualización documentaria y presupuestal, sin afectar la validez del procedimiento. Declarar la nulidad ante cada corrección de este tipo —máxime si ocurre antes de la presentación de ofertas, cuando ningún proveedor ha comprometido aún su propuesta— sería, por el contrario, desproporcionado e innecesario.

Esta lógica, sin embargo, tiene límites. El propio numeral 66.5 del artículo 66 condiciona la modificación del requerimiento a la opinión técnica previa del órgano competente y a la no objeción del área usuaria, precisamente para evitar que la actualización se convierta en un mecanismo arbitrario. Además, el OECE no sustituye el criterio técnico de la entidad salvo que resulte manifiestamente insostenible: así lo confirman el Pronunciamiento N.° 526-2025/OECE-DSAT, que descartó la nulidad ante un error de mínima cuantía, y el Pronunciamiento N.° 345-2026/OECE-DSAT, en el que el OECE precisó que no le corresponde actuar como perito técnico dirimente sobre los criterios de la entidad para calcular su cuantía. En cambio, cuando la cuantía actualizada constituye punto de referencia obligatorio para las ofertas y no se registra correctamente en el SEACE, el OECE sí exige su corrección inmediata, bajo apercibimiento de que se evalúen medidas conforme al artículo 70 de la Ley, tal como ocurrió en el Pronunciamiento N.° 388-2026/OECE-DSAT.

En suma, la actualización de la cuantía es procedente cuando el ajuste responde a una corrección técnica objetivamente sustentada y se publicita debidamente; la nulidad, en cambio, se reserva para los vicios que encuadren en alguna de las causales taxativas del artículo 70.1 de la Ley.

7. La certificación presupuestal: un requisito indispensable

Un elemento crítico, frecuentemente reiterado en los pronunciamientos revisados, es que la actualización de la cuantía no puede quedar desprovista de su correlato presupuestal. El literal f) del numeral 54.2 del artículo 54 del Reglamento exige que el expediente de contratación cuente con la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente, mientras que el artículo 220 del Reglamento —aplicable a determinados sistemas de entrega— exige expresamente que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realice las actualizaciones correspondientes de dicha certificación en consistencia con las actualizaciones de costo que conlleve el contrato. En la práctica revisada, la actualización del valor referencial (cuantía) estuvo siempre acompañada de la respectiva certificación presupuestal ampliada, aprobada mediante resolución de la autoridad competente de la entidad, lo que constituye una condición de validez ineludible: sin la cobertura presupuestal correspondiente, la sola actualización documentaria del expediente técnico resultaría insuficiente y podría, en sí misma, configurar un vicio de contravención normativa.

8. La responsabilidad funcional no desaparece

Finalmente, no puede perderse de vista que la posibilidad de actualizar la cuantía en la etapa de integración de bases no exime de responsabilidad a los funcionarios y servidores que intervinieron en la formulación defectuosa del requerimiento inicial. El artículo 26 de la Ley establece que los funcionarios y servidores de la entidad contratante que intervienen en la organización, elaboración de documentación y conducción del procedimiento de contratación son responsables de la información remitida, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la entidad, disposición reiterada expresamente por el OECE en los pronunciamientos analizados al señalar que las adecuaciones se remiten “bajo su responsabilidad y sujeta a rendición de cuentas”. Este mecanismo de responsabilidad funcional opera, en el diseño de la Ley N.° 32069, como el contrapeso adecuado frente a la flexibilidad que ofrece la actualización de la cuantía, evitando que dicha herramienta se convierta en una vía de elusión de las consecuencias de una deficiente formulación del expediente técnico, sin necesidad de recurrir a la nulidad del procedimiento como sanción generalizada.

9. Conclusiones

En la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, cuando una consulta u observación revela la necesidad de precisar, corregir o complementar el expediente técnico de una obra —con la consiguiente variación del presupuesto—, corresponde, como regla general, actualizar la cuantía del procedimiento, siguiendo el cauce establecido en el artículo 66.5 del Reglamento, que exige la opinión técnica previa del órgano competente de la entidad y la no objeción del área usuaria, antes de modificar el requerimiento.

Los pronunciamientos N.° 344-2025, 345-2025, 447-2025 y 526-2025/OECE-DSAT, demuestran que la actualización del valor referencial o cuantía —acompañada de la publicación de la documentación técnica actualizada y de la respectiva certificación presupuestal— constituye la solución ordinariamente adoptada frente a incrementos del monto del expediente técnico detectados en dicha etapa, sin que ello comporte, por sí solo, la nulidad del procedimiento.

La declaración de nulidad del procedimiento de selección, conforme al artículo 70 de la Ley, constituye un remedio de aplicación excepcional y taxativa, reservado a los supuestos de incompetencia del órgano emisor, contravención de normas legales, imposible jurídico, prescindencia de normas esenciales del procedimiento o de formalidades insubsanables. Cabe precisar que el propio OECE, al resolver cuestionamientos elevados contra el pliego absolutorio y las bases integradas, no ostenta la competencia para declarar dicha nulidad —la cual corresponde al TCP o a la autoridad de la gestión administrativa, conforme al numeral 70.2 de la Ley—, de modo que, ante la advertencia de vicios trascendentes, su actuación se limita a disponer las medidas correctivas correspondientes, conforme al numeral 8.10 de la Directiva N.° 003-2025-OECE-CD. Como lo confirman los pronunciamientos N.° 526-2025 y 345-2026/OECE-DSAT, el OECE tampoco sustituye el criterio técnico de la entidad contratante en la determinación de la cuantía salvo que este resulte manifiestamente insostenible; la procedencia de la nulidad debe evaluarse caso por caso, en función de la gravedad del vicio detectado y de su incidencia sobre los principios de transparencia, igualdad de trato y libre concurrencia, y no puede activarse automáticamente ante cualquier variación del monto del expediente técnico.

La actualización de la cuantía debe ir necesariamente acompañada de (i) la certificación de crédito presupuestario correspondiente, (ii) su debida publicidad registral ante el SEACE —cuya omisión, conforme al Pronunciamiento N.° 388-2026/OECE-DSAT, puede habilitar la evaluación de medidas bajo el artículo 70 de la Ley— y (iii) la asunción de responsabilidad funcional por parte de los servidores que formularon el requerimiento inicial, conforme al artículo 26 de la Ley, de modo que dicha figura no se convierta en un mecanismo de elusión del control sobre la calidad de los expedientes técnicos, sino en un instrumento razonable y proporcional para preservar la eficacia del procedimiento de selección sin sacrificar la legalidad ni la transparencia que rigen la contratación pública.

Revalidación de la interacción con el mercado: ¿cuándo su omisión pone en riesgo un procedimiento de selección?

La DirectivaN° 003-2025-OECE-CD, aprobada mediante Resolución N°052-2025-OSCE/PRE que regula la presentación de la solicitud de elevación de cuestionamientos, emisión del pronunciamiento e integración definitiva de las bases, introduce una exigencia puntual para las entidades contratantes.

En el literal a) del numeral 8.3 de sus disposiciones específicas, establece nueve puntos de información que la entidad debe registrar en el SEACE. El séptimo de ellos es clave para este análisis:

"Revalidación de la interacción con el mercado respecto de las modificaciones efectuadas al requerimiento con ocasión del pliego absolutorio, de corresponder".

Esta exigencia genera una duda frecuente entre los operadores de la normativa de las contrataciones públicas: ¿su omisión constituye una causal de nulidad del procedimiento de selección?

Cabe precisar, que en la Directiva N° 009-2019-OSCE-CD, aprobada mediante Resolución N°061-2019-OSCE/PRE (vigente hasta el 21 de abril de 2025), esta disposición no existía. Recién fue incorporada el 13 de julio de 2020 a través del aviso “Consideraciones para la atención de las solicitudes de elevación de cuestionamientos”[1]

¿Qué dice la Opinión N° 004-2023/DTN?

La Dirección Técnico Normativa (DTN) del OSCE (hoy OECE) abordó este supuesto en la Opinión N° 004-2023/DTN, un criterio de referencia para entidades y proveedores.

El criterio central es el siguiente:

•      La normativa no obliga a realizar necesariamente nuevas indagaciones de mercado en todos los casos en que se ajuste o precise el requerimiento a raíz de una consulta u observación.

•      Sin embargo, si la entidad advierte una posible afectación a la pluralidad de postores, debe comunicarlo al órgano encargado de las contrataciones OEC.

•      El OEC deberá entonces realizar las corroboraciones necesarias, verificar si existe una afectación real y, de ser el caso, adoptar las acciones correctivas pertinentes.

El otro riesgo: el impacto en el valor referencial (hoy cuantía)

Al margen de la pluralidad de postores, existe un segundo escenario que suele pasar desapercibido, cuando producto de la precisión o el ajuste realizado al requerimiento se incremente la cuantía del procedimiento. Sin una revalidación de la interacción con el mercado, la entidad no tendría forma de advertir este impacto a tiempo.

Sobre este punto, la Opinión N° 180-2017/DTN concluyó que:

"En caso se efectúen modificaciones al requerimiento autorizadas por el área usuaria, a efectos de determinar si las mismas influyen en el valor referencial del procedimiento, corresponde que el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad verifique dicha situación, como órgano competente para la elaboración del estudio de mercado y determinación del valor referencial".

 En otras palabras, la revalidación no solo protege la pluralidad de postores, también es un mecanismo de gestión que permite detectar variaciones en el valor referencial (hoy cuantía) antes de continuar con el procedimiento.

La conclusión de la DTN

La opinión es clara respecto a los efectos de esta omisión:

"La sola omisión de la confirmación o revalidación del mercado para acreditar la pluralidad de proveedores no genera la nulidad del procedimiento de selección, sin embargo, dependiendo del análisis de cada caso concreto, la falta de dicha corroboración, podría afectar el procedimiento con cuestionamientos posteriores respecto a la falta de pluralidad de postores".

Entonces, ¿la omisión es o no causal de nulidad?

La respuesta, en términos prácticos, tiene dos niveles:

1.  Por regla general, no. La sola falta de revalidación del mercado no es, por sí misma, causal automática de nulidad.

2.  Depende del caso concreto. Si esa omisión terminó afectando efectivamente la pluralidad de postores, el procedimiento podría quedar expuesto a cuestionamientos posteriores e incluso a un análisis de nulidad, según las circunstancias particulares.

En otras palabras: la ausencia del registro no anula por sí sola, pero tampoco es un trámite menor que pueda descuidarse. Es una salvaguarda pensada para proteger la competencia y la concurrencia de proveedores.

Recomendaciones prácticas para las entidades

Para reducir riesgos de cuestionamientos posteriores, las áreas usuarias y los órganos encargados de las contrataciones (OEC, actualmente Dependencia de Contrataciones Públicas - DEC) deberían:

•      Evaluar, ante cada modificación derivada del pliego absolutorio, si esta podría reducir la pluralidad de postores.

•      Documentar el análisis realizado, aunque se concluya que no es necesaria una nueva indagación de mercado.

•      Registrar oportunamente en el SEACE el punto 7 exigido por la Directiva N° 003-2025-OECE-CD.

•     Ante cualquier duda razonable, optar por revalidar la interacción con el mercado antes de continuar con el procedimiento.

Conclusión

La Directiva N° 003-2025-OECE-CD refuerza la trazabilidad y transparencia del procedimiento de selección al exigir el registro de la revalidación de la interacción con el mercado.

Aunque el criterio establecido en la Opinión N° 004-2023/DTN precisa que su omisión no genera nulidad automática, sí advierte un riesgo real: la posible afectación a la pluralidad de postores puede derivar en la nulidad del procedimiento de selección. A ello se suma el riesgo, señalado por la Opinión N° 180-2017/DTN, de dejar pasar variaciones en el valor referencial (hoy cuantía) sin la debida verificación.

Por ello, más allá del cumplimiento formal, se trata de un mecanismo de gestión del riesgo que contribuye a fortalecer la legalidad, la competencia y la seguridad jurídica de las contrataciones públicas.

 

Referencias

Consejo Directivo. (2025). Directiva N° 003-2025-OECE-CD. Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

 Dirección Técnico Normativa. (2017). Opinión N° 180-2017/DTN. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

 Dirección Técnico Normativa. (2023). Opinión N° 004-2023/DTN. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. (2020, 13 de julio). Consideraciones para la atención de las solicitudes de elevación de cuestionamientos. https://www.gob.pe/institucion/oece/informes-publicaciones/2746262-consideraciones-para-la-atencion-de-las-solicitudes-de-elevacion-de-cuestionamientos



Plazos para el perfeccionamiento del contrato: ¿Aplican los 8 días hábiles sin importar el mecanismo de garantía?

En la Ley N.° 32069[1], Ley General de Contrataciones Públicas (en adelante, la Ley), y en su Reglamento[2], aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2025-EF (en adelante, Reglamento), se evidencia que las garantías contractuales se clasifican en dos categorías: mecanismos y tipos.

Por un lado, el numeral 61.2 del artículo 61 de la Ley establece que existen cuatro mecanismos de garantía:

i)                 El fideicomiso.

ii)               La carta fianza financiera.

iii)              El contrato de seguro.

iv)              La retención de pago.

La elección de cada mecanismo dependerá del tipo de garantía contractual exigida. Al respecto, el artículo 113 del Reglamento clasifica estos tipos en tres:

v)                De fiel cumplimiento.

vi)              De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

vii)             Por adelantos.

En ese sentido, para la garantía de fiel cumplimiento —que por regla general equivale al 10 % del monto del contrato original—, el postor ganador puede presentar cualquiera de los cuatro mecanismos. No obstante, su elección se determinará en función de las características particulares del postor, monto contractual, naturaleza del objeto contractual y plazo de ejecución; estas dos últimas establecidas en las bases de cada procedimiento de selección

Por otro lado, las opciones se reducen tanto para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias como para la garantía por adelantos. En ambos casos, el postor ganador solo puede entregar tres mecanismos: i) fideicomiso, ii) carta fianza financiera, o iii) contrato de seguro (quedando excluida la retención de pago).

En esa línea, queda claro que los mecanismos y los tipos de garantía son conceptos distintos que no deben confundirse. Partiendo de esta premisa, el Reglamento establece excepciones a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, específicamente en los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios, el artículo 139 señala que esta exoneración aplica en los siguientes casos

i)              En los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT (excepto cuando la sumatoria de contratos derivados de procedimientos por relación de ítems, adjudicados a un mismo postor, supere dicho monto).

ii)               Adquisición de bienes inmuebles de propiedad privada.

iii)              Contratos de arrendamiento de bienes muebles y bienes inmuebles de propiedad privada.

iv)              Contrataciones complementarias que no superen el monto de 50 UIT.  

Habiendo precisado los mecanismos, los tipos de garantía y las excepciones aplicables, es pertinente analizar su incidencia en los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato. Sobre el particular, el numeral 90.1 del artículo 90 del Reglamento señala que “El postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de ocho días hábiles contabilizados desde el día siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en la Pladicop o de que ésta haya quedado administrativamente firme”.

No obstante, el numeral 90.2 precisa una regla particular que “En caso no se requiera de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, el postor ganador presenta los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de cinco días hábiles”. Este segundo escenario obedece de manera exclusiva a la exoneración de la garantía de fiel cumplimiento.

Como se evidencia, el Reglamento establece dos plazos (ocho y cinco días hábiles), ambos contabilizados desde el día siguiente al registro del consentimiento de la buena pro. La aplicación de estos plazos depende estrictamente de si se requiere la presentación de la garantía de fiel cumplimiento. Por lo tanto, para los cuatro casos detallados en el artículo 139 del Reglamento en los que no se exige dicha garantía, queda claro que el plazo aplicable para la presentación de los documentos es de cinco días hábiles.

Sin embargo, surge una controversia cuando el numeral 90.4 del Reglamento especifica que “En caso la garantía de fiel cumplimiento se encuentre en trámite, a solicitud expresa del postor ganador de la buena  pro, la DEC puede otorgar un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles contabilizados desde el día siguiente al vencimiento del plazo indicado en el numeral anterior para su presentación”. Esta disposición otorga al postor ganador un tiempo adicional cuando su garantía se encuentra en trámite, específicamente si se trata de documentos financieros; pero no resulta razonable cuando el postor opta por la retención de pago. ¿Por qué? Porque para este mecanismo sólo se necesita la presentación de una declaración jurada (anexo establecido en las bases) autorizando dicha retención.

Esta situación deja un vacío interpretativo respecto al numeral 90.2, y abre la siguiente interrogante: ¿el plazo de ocho días hábiles aplica siempre que la garantía de fiel cumplimiento sea exigible, sin importar el mecanismo? Si revisamos dicho numeral detalladamente, la reducción a cinco días procede de manera exclusiva cuando “(…) no se requiera de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento (…)”. Por lo que, si se opta por la retención de pago, la garantía sí es exigible, solo que se acredita mediante otro mecanismo. Así, una interpretación estrictamente literal de este numeral obliga a las Entidades a otorgar ocho días hábiles para la presentación de un simple formato (la declaración jurada), equiparando este trámite inmediato con la compleja gestión de un fideicomiso, una carta fianza o un contrato de seguro.

Ante lo expuesto, y considerando el principio de eficacia y eficiencia de la Ley, sería recomendable que, además de las excepciones donde no queda duda de que el plazo para el perfeccionamiento del contrato es de cinco días hábiles, este plazo también se aplique indubitablemente a los casos en los que el postor utilice como garantía de fiel cumplimiento el mecanismo de retención de pago. Para ello, se necesitaría aclarar el alcance del numeral 90.2 del Reglamento.



[1] Se ha considerado la última modificación mediante Decreto Legislativo N.° 1715, publicado el 4 de febrero de 2026.

[2] Se ha considerado la última modificación mediante Decreto Supremo N.° 001-2026-EF, publicado el 8 de enero de 2026.

 

¡Adiós al Anexo 6, como documento obligatorio para la admisión de la oferta!

El numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas (RLGCP) establece que la evaluación económica de la oferta puede ser simultánea (la oferta económica es un factor de evaluación) o posterior (se evalúa solo a quienes superen el puntaje técnico mínimo). Así, el artículo 93 del mismo reglamento especifica que para procedimientos de selección de Licitación Pública de Obras (LP de obras), se aplica el tipo de evaluación económica posterior. 

En ese sentido, las bases estándar de LP de obras - modificadas mediante Resolución Directoral N.° 00001-2026-EF/54.01 el 13 de enero de 2026 - brindan mayor claridad sobre la aplicación de lo establecido en los numerales de RLGCP mencionados precedentemente. 

La principal mejora es que el Anexo N.°6 (oferta económica) ya no forma parte de los documentos obligatorias para la admisión de la oferta. En la versión anterior de las bases, la inclusión de este anexo en dicha etapa generaba confusión en los comités de selección, llevándolos a anticipar la verificación de la oferta económica. 

Un ejemplo de esta problemática se resolvió en la Resolución N° 08098-2025-TCP-S3. En dicho caso, el comité cometió el error de no admitir ofertas por deficiencias en el Anexo N.° 6, realizando una evaluación económica durante la etapa de admisión técnica. Al respecto, el Tribunal determinó que este actuar fue incorrecto, reiterando que la admisión solo debe ceñirse a verificar los documentos previstos en el artículo 69.1 del Reglamento, el cual no incluye la oferta económica.

A continuación, se presenta una comparación de los documentos obligatorios para la admisión de la oferta en las bases estándar de LP de obras (según el numeral 2.2.1.1 del contenido de las ofertas):

Documento (Anexo)Bases no vigentesBases vigentesDiferencia principal
a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)✅ Sí✅ SíSin cambios.
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)✅ Sí✅ SíSin cambios.
c) Representación de quien suscribe la oferta. ✅ Sí✅ SíPrecisión de términos: En las bases actuales se detalla específicamente el uso de "DNI o carné de extranjería" para personas naturales.
d) Declaración jurada de veracidad y no impedimento (Anexo N° 3)✅ Sí✅ SíAjuste de redacción: Las bases actuales cambian "declarando que" por "manifestando, entre otros aspectos, que".
e) Promesa de consorcio (Anexo N° 4)✅ Sí✅ SíSin cambios.
f) Desafectación del impedimento (Anexo N° 5)✅ Sí✅ SíSin cambios.
g) Oferta Económica (Anexo N° 6)✅ Sí❌ NO¡Cambio principal! Ya no se exige en esta etapa.
🚨 Los Anexos del 1 al 5 se mantienen prácticamente iguales en la etapa de admisión técnica. Sin embargo, el Anexo N° 6 (Oferta Económica) ha sido eliminado por completo de esta fase. El comité de selección ya no debe solicitarlo ni revisarlo hasta la etapa de evaluación económica.