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Contrataciones Complementarias e inaplicación temporal de
impedimentos. |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | 1. Un proveedor que se encuentre impedido o inhabilitado no puede participar en
procedimientos de selección ni contratar con el Estado, lo cual incluye la posibilidad
de suscribir contratos complementarios con Entidades Públicas. Asimismo, el referido
impedimento resultará extensivo en caso el proveedor forme parte integrante de un
consorcio, es decir, dicho consorcio no podrá participar de procedimientos de selección
ni suscribir contratos (incluyendo contratos complementarios) con el Estado.
2. Para verificar que el contratista sea el único con habilitación legal o con capacidad de
brindar el servicio o con capacidad para proveer bienes en el momento de la
contratación -condición contemplada para la inaplicación temporal de impedimentos
prevista en el artículo 40 del Reglamento-, la Entidad podrá recurrir al mercado o a la
información disponible que permita determinar dicha condición, es decir, deberá
determinar que no existen más proveedores que puedan abastecerle de los bienes o
servicios requeridos. Este análisis deberá encontrarse plasmado en el informe
correspondiente. |
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067-2025-OECE-DTN | Aplicación de la normativa de contrataciones públicas en el tiempo | Ley N° 32069 D. S. N° 009-2025-EF. Ley Nº 30225 D. S. Nº 344-2018-EF | En virtud de la aplicación ultractiva de la Ley Nº 30225, dispuesta en la Cuarta Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 32069, los procesos de contratación convocados hasta el 21
de abril del presente año (2025) que luego del 22 de abril no hayan concluido, se rigen por lo dispuesto
en la Ley Nº 30225 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. |
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Alcances de la resolución parcial del contrato |
Decreto Legislativo N° 1017 y Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias. | Correspondía a la parte afectada por el incumplimiento determinar si, en el marco del
procedimiento de resolución del contrato previsto en el artículo 169 del anterior
Reglamento, la resolución del contrato debía ser total o parcial; debiendo sustentar, a fin
de determinar la viabilidad de resolver el contrato parcialmente, el cumplimiento de los
requisitos mencionados en el artículo 169 para tal fin; en ese contexto, si la parte del
contrato determinaba la resolución contractual parcial, los efectos de dicha resolución solo
involucraban aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de su contraparte, las que debían ser separables e independientes del resto del
contrato (el cual seguía siendo objeto de ejecución contractual, hasta su debida
culminación). |
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Contratación de prestaciones pendientes de ejecución derivadas de contrato resuelto o nulo por las causales previstas en el literal a) y b) del numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. El empleo de las de las contrataciones sujetas a procedimiento de selección no
competitivo bajo la causal prevista en el literal k) del numeral 55.1 del artículo 55
de la Ley, se configura siempre y cuando se haya efectuado, de manera
preliminar, la resolución o declaración de nulidad del contrato por las causales
previstas en los literales a) y b) del literal 71.1 del artículo 71 de la Ley, siendo
dicho estado jurídico un presupuesto habilitante para su aplicación; por lo que no
resulta posible emplear el procedimiento de selección no competitivo previsto en
esta causal antes de que se haya efectuado la resolución contractual o de la
declaración de nulidad.
2. Corresponde a cada Entidad evaluar, a partir de los hechos del caso concreto, si
se configuran los supuestos previstos en la Ley y el Reglamento que habilitan la
aplicación de las figuras legales destinadas a atender situaciones extraordinarias
o imprevisibles– como las contrataciones sujetas a procedimiento de selección no
competitivo por situación de emergencia o por situación de desabastecimiento u
otras que hubiese previsto la normativa de contrataciones públicas que pudieran
resultar aplicables. |
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Nulidad de contrato |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | 1. La anterior normativa de contrataciones del Estado otorgaba al Titular de la
Entidad la potestad de declarar la nulidad de oficio de los actos del procedimiento
de selección hasta antes de la celebración del contrato, la cual únicamente era
aplicable cuando se configuraba alguna de las causales antes detalladas.
Asimismo, la anterior normativa de contrataciones del Estado disponía que el
Titular de la Entidad, en la resolución que expedía para declarar la nulidad, debía
cumplir con precisar la etapa hasta la cual se retrotraía el procedimiento.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la anterior Ley, la Entidad podía
declarar la nulidad de oficio de un contrato invocando alguna de las causales de
nulidad establecidas en el numeral 44.3 del artículo 44 de la anterior Ley. Además,
de acuerdo con lo establecido en el numeral 44.5 del artículo 44 de la anterior Ley,
era posible declarar la nulidad de un contrato —celebrado al amparo de la anterior
normativa de contrataciones del Estado— invocando alguna de las causales de
nulidad previstas en el Código Civil, siendo, en este último caso, el órgano
competente para dilucidar sobre dicha nulidad, el árbitro único o el tribunal arbitral. |
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Contrataciones Complementarias |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | Para inaplicar temporalmente un impedimento en los casos de contrataciones
complementarias no resulta necesario que la Entidad realice una estrategia de contracción;
no obstante, si deberá verificar que i) el contratista sea el único con habilitación legal o con
capacidad de brindar el servicio o con capacidad para proveer bienes en el momento de la
contratación, y ii) que exista un riesgo de desabastecimiento de servicios públicos
esenciales a cargo de la entidad contratante, o cuyo desabastecimiento ponga en peligro la
salud, la vida o la integridad de las personas o el medio ambiente, de conformidad con lo
previsto en el numeral 40.2. del artículo 40 del Reglamento. |
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062-2025-OECE-DTN |
Delegación de facultades |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | De una lectura conjunta de los artículos 25 y 55 de la Ley, y del artículo 102 del Reglamento, el
Titular de la entidad puede delegar la facultad de aprobar las contrataciones sujetas a
procedimiento de selección no competitivo de los supuestos b), c) y k) del artículo 55.1 de la Ley.
Ni la Ley ni el Reglamento han establecido alguna restricción para que el Titular pueda delegar
esta facultad en la AGA o en otra dependencia de la Entidad. |
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Autorización de mayores metrados |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | 1. Como puede apreciarse, el anterior Reglamento establecía que, cuando en la ejecución de
una obra bajo el sistema de precios unitarios, se hubiese requerido la ejecución de mayores
metrados, estos eran autorizados por el supervisor o inspector de obra, siempre que no
hubiesen excedido el monto establecido en el numeral 206.7, esto es, el 50% del monto del
contrato original considerando los adicionales y mayores metrados acumulados, y restando
los presupuestos deductivos; de superarse ese monto se resolvía el contrato. En ese sentido,
para la ejecución de mayores metrados, incluso aquellos que superaban el 15% pero no el
50%, no se requería la autorización previa ni de la Entidad, ni de la Contraloría General de
la República.
2. De acuerdo con el numeral 34.5 de la anterior Ley y 206.1 del artículo 206 del anterior
Reglamento, la autorización de la CGR sí era necesaria para la ejecución y pago de las
prestaciones adicionales de obra, cuyo monto hubiese superado el 15% del monto del
contrato original, considerando los adicionales y mayores metrados acumulados, y
deduciendo los presupuestos deductivos vinculados. Cabe precisar, que, si el valor de estas
prestaciones adicionales hubiese superado el 50%, de acuerdo con los dispositivos
mencionados, debía resolverse el contrato. |
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Competencia para evaluar decisión de conciliar. |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. En el marco de la normativa de contrataciones públicas el informe emitido por la autoridad
de gestión administrativa sobre la decisión de conciliar—o no— se apoya en los informes
emitidos por las áreas técnicas y legales de la Entidad contratante. Cabe indicar que el
procurador público de la Entidad de conformidad al Sistema Administrativo de Defensa
Jurídica del Estado emite informes en los que propone la solución más beneficiosa para el
Estado.
2. Dado que la normativa de contrataciones públicas atribuye a la autoridad de la gestión
administrativa la responsabilidad de evaluar y decidir sobre una propuesta de conciliación,
será esta misma autoridad quien tendrá la prerrogativa de emitir la resolución autoritativa
correspondiente que autorice −al funcionario designado para tal efecto− arribar a un
acuerdo conciliatorio, producto del procedimiento de conciliación.
3. Se puede requerir contar con una resolución autoritativa para arribar a un acuerdo
conciliatorio cuando por las normas de organización interna de la Entidad se haya otorgado
facultades específicas a los funcionarios y servidores públicos que participan en un proceso
de conciliación. Esta delegación puede requerir la mencionada resolución autoritativa para
formalizar la capacidad de arribar al acuerdo conciliatorio. Así también, cuando los
procuradores públicos intervengan en conciliaciones según lo previsto en el numeral 8 del
artículo 33 del Decreto Legislativo N° 1326, se requiere la expedición de una resolución
autoritativa en los términos establecidos por el numeral 15.6 del artículo 15 del reglamento
del referido decreto. |
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Estrategia de contratación |
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N°344-2018
EF. Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. A partir de la estrategia de contratación, la Entidad debe definir el procedimiento
de selección o mecanismo de contratación más idóneo y/o eficiente para la
contratación de su requerimiento; así, en caso se hubiera advertido mediante la
interacción de mercado que un solo proveedor no podría abastecer por sí mismo el
requerimiento total de la Entidad, ésta podría evaluar -entre otros mecanismos
previstos en la normativa y que pudieran resultar aplicables según el caso concreto-
la pertinencia y viabilidad de convocar un procedimiento de selección según
relación de ítems, tramos o lotes así como la contratación por paquetes (siempre
que se verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el numeral 52.1
del artículo 52 del Reglamento); o incluso la contratación de proveedores
agrupados en consorcio, que en conjunto sí puedan cumplir a cabalidad con el
requerimiento. Al respecto, cabe precisar que dicha definición corresponde ser
efectuada por cada Entidad contratante, sobre la base de su requerimiento y caso
concreto.
2. La convocatoria de un procedimiento de selección según relación de ítems no
constituye un supuesto que vulnere la prohibición de fraccionamiento; al respecto,
corresponde a la Entidad contar con el debido sustento de la estrategia de
contratación elegida, sobre la base del análisis realizado y el supuesto invocado
que un solo proveedor no puede abastecer por sí solo el requerimiento total de la
Entidad-, así como verificar la no configuración de uno de los supuestos de
fraccionamiento que establece el artículo 50 del Reglamento.
3. La Entidad debe contar con el debido sustento de la estrategia de contratación
elegida, sobre la base del análisis realizado y el supuesto invocado -que un solo
proveedor no puede abastecer por sí solo el requerimiento total de la Entidad-;
asimismo, es responsabilidad de cada Entidad verificar que el procedimiento de
selección o mecanismo de contratación elegido no vulnere la prohibición de
fraccionamiento establecida en el artículo 50 del Reglamento. |
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Retribución, costos y gastos de la Junta de prevención y resolución de
disputas |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | Conforme lo establecido en el numeral 354.1 del artículo 354 del Reglamento, la retribución, costos
y/o gastos de la JPRD y del centro que lo administra forma parte del presupuesto de la inversión
pública. Sin embargo, dichos conceptos no pueden formar parte del presupuesto de la obra, por tanto,
lo indicado en el numeral 354.1 no contraviene la regla establecida en el numeral 354.2 del artículo
354 del Reglamento, por la que el contratista debe asumir, con sus propios recursos y sin reembolsos,
el 50% de la retribución, los costos y/o gastos de la JPRD. |
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Desafectación de los impedimentos en razón del parentesco. |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. Para la aplicación de la desafectación de los impedimentos en razón del
parentesco mediante la acreditación de contratos que provienen de
procedimientos de selección competitivos y no competitivos, se requiere el
cumplimiento de manera concurrente de las siguientes condiciones: i) que el
pariente del impedido haya perfeccionado al menos un contrato en el mismo tipo
de objeto al que postula; ii) que el pariente del impedido haya ejecutado las
prestaciones que devienen de dicho contrato perfeccionado. Así pues, tratándose
de bienes y obras, la ejecución debe haberse verificado dentro de los dos años
previos a la convocatoria del procedimiento de selección, a la contratación no
competitiva, o a la adjudicación de un contrato menor; y, tratándose de servicios,
la experiencia por ejecución debe acreditarse por dos años consecutivo.
2. Cuando la acreditación de la desafectación de los impedimentos en razón de
parentesco se sustente en la ejecución de contratos menores, se requiere del
cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones: i) que el pariente del
impedido haya ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al
que postula; ii) que dicha ejecución, en el caso de bienes y obras se efectúe dentro
de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, a la
contratación no competitiva, o a la adjudicación de un contrato menor, y,
tratándose de servicios, la experiencia por ejecución debe acreditarse por dos
años consecutivos.
3. Para cumplir con la condición referida a la ejecución de los contratos que devienen
de procedimientos de selección competitivos y no competitivos, dentro del límite
temporal establecido en la normativa de contrataciones públicas, el proveedor deberá acreditar el efectivo cumplimiento de las prestaciones contratadas.
Para tal efecto, podrá presentar, según corresponda, la conformidad de la
prestación, el acta de recepción respectiva, resolución de liquidación, constancia
de prestación, entre otros.
4. A efectos de verificar el cumplimiento de la condición referida a la ejecución de
los contratos que devienen de contrato menores, dentro del límite temporal
establecido en la normativa de contrataciones públicas; el proveedor deberá
acreditar el efectivo cumplimiento de las prestaciones contratadas. conforme
a las disposiciones que regulen dichos contratos.
5. La exigencia de “dos años consecutivos” previstas para los contratos de servicios,
debe interpretarse en sentido estricto, como un requisito de continuidad temporal
ininterrumpida en la ejecución del servicio, a fin de garantizar que la experiencia
del proveedor refleje una actividad habitual en la transacción del servicio.
6. Para aplicar la desafectación de los impedimentos por razón de parentesco, el
proveedor durante su registro para intervenir en un procedimiento de selección
deberá presentar una Declaración Jurada de Desafectación de Impedimento.
Posteriormente, en la etapa de admisión de las ofertas, el postor deberá
acompañar dicha Declaración Jurada de la documentación sustentatoria,
conforme a lo previsto en el Anexo N° 5 de las Bases Estándar. Luego de ello, de
resultar ganador de la buena pro, a efectos de perfeccionar el contrato, el postor
deberá presentar la Declaración Jurada actualizada de Desafectación de
Impedimento prevista en el Anexo que las Bases Estándar establezcan de
acuerdo con el tipo de procedimiento de selección correspondiente,
conjuntamente con la documentación sustentatoria que acredite su condición de
desafectado.
7. La normativa de contrataciones públicas no ha establecido un listado taxativo de
documentos exigibles, por lo que corresponde al postor presentar la
documentación pertinente que demuestre de manera fehaciente el cumplimiento
de las condiciones previstas por el inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la
Ley, considerando lo indicado en el segundo párrafo del numeral 2.2.1 de la
presente opinión. |
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Experiencia del postor |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. La normativa de contrataciones públicas, conforme a los artículos 65 de la Ley y 112
del Reglamento, permite continuar la ejecución del contrato con una nueva persona
jurídica originada como consecuencia de un proceso de escisión (cesión de posición
contractual), la experiencia adquirida por dicho cesionario -en el marco del referido
contrato- resulta válida a efectos de ser acreditada para el cumplimiento de los
requisitos previstos en los procedimientos de inscripción, reinscripción, ampliación de
categoría o aumento de capacidad máxima ante el RNP, toda vez que ello no transgrede
lo regulado en el numeral 25.7 del artículo 25 del Reglamento. La acreditación de dicha
experiencia ante el RNP deberá realizarse en función del monto del contrato ejecutado,
para lo cual, el cesionario deberá presentar la documentación pertinente que acredite
su cumplimiento, así como el monto correspondiente a lo ejecutado.
2. De conformidad con lo señalado en los numerales 381.3 y 381.5 del artículo 381 del
Reglamento, para acreditar experiencia en los procedimientos de reinscripción de
ejecutores de obras y aumento de capacidad máxima de contratación para ejecutores
de obras, se permite la presentación de subcontratos de ejecución de obras al amparo
de la Ley, asimismo, en dichos numerales se especifica los documentos a presentar
para acreditar la experiencia obtenida a partir de dicha subcontratación. |
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Prestaciones adicionales en contratos de supervisión de obras |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | 1. Para el cálculo del límite previsto en el numeral 34.6 del artículo 34 de la anterior
Ley –aplicable para la aprobación de prestaciones adicionales de supervisión
originadas por variaciones en el plazo o el ritmo de trabajo de la obra–, debían
considerarse únicamente aquellas prestaciones adicionales de supervisión que, bajo
este mismo supuesto, hubieran sido previamente aprobadas.
2. El numeral 157.1 del artículo 157 del anterior Reglamento y el numeral 34.6 del
artículo 34 de la anterior Ley establecían límites porcentuales aplicables a supuestos
distintos. En efecto, el límite del veinticinco por ciento (25%) –previsto en el numeral
157.1 del artículo 157 del anterior Reglamento– resultaba aplicable para la
aprobación de prestaciones adicionales de supervisión de obra originadas en aspectos
propios del contrato de supervisión (y NO en eventos vinculados con la ejecución de
la obra supervisada); mientras que, el límite del quince por ciento (15%) –previsto en
el numeral 34.6 de la anterior Ley– se aplicaba únicamente para la aprobación de
prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en el plazo o en el
ritmo de trabajo de la obra (distintas a los adicionales de obra). |
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Impedimentos |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | 1. El impedimento previsto en el literal i) del numeral 11.1 del artículo 11 de la anterior Ley
solo alcanzaba a la persona jurídica en la que el Alcalde de una municipalidad distrital
tuviera o hubiera tenido participación superior al treinta por ciento (30%) del capital o
patrimonio social, mas no se extendía a los accionistas de dicha persona jurídica como
personas naturales.
2. Por disposición expresa del numeral 11.1 del artículo 11 de la anterior Ley, los
impedimentos para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas resultaban
aplicables a las contrataciones para el abastecimiento de bienes, servicios y obras cuya
cuantía fuera igual o inferior a 8 UIT. |
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Supuestos excluidos |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | En consecuencia, las contrataciones de bienes y servicios efectuadas por un OSE para su
funcionamiento y gestión, en las que el servicio se preste o el bien se entregue en territorio
nacional no se encuentran dentro del supuesto excluido contemplado en el literal b) del numeral
7.1 del artículo 7 de la Ley. |
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Resolución contractual |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. En virtud de lo establecido en el artículo 226, 229 y la Décimotercera Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento, en el caso de los contratos menores, la
notificación de los actos durante la ejecución contractual, que involucra a los actos
relacionados a cualquier supuesto de resolución de contrato que se invoque, se realiza
mediante carta notarial hasta que se implemente esta funcionalidad en la Pladicop.
2. En el contexto de los contratos menores, las entidades contratantes deben establecer en el
requerimiento las causales de resolución contractual. Estas pueden incluir, según lo
decidido por la entidad contratante, supuestos previstos en el artículo 68 de la Ley y/o
supuestos establecidos en el Código Civil. |
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Procedimiento de selección no competitivo por situación de
desabastecimiento |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. En contratos derivados de procedimientos de selección no competitivos bajo las causales
de situación de emergencia y situación de desabastecimiento no procede la aprobación de
adicionales. Ahora bien, en caso, en el marco de dichas contrataciones, se requiera la
ejecución de prestaciones adicionales será necesario aprobar nuevamente una contratación
mediante un procedimiento de selección no competitivo, es decir, volver a realizar las
actuaciones previstas en los articulo 101 y 102 del Reglamento, lo que dará lugar a un
nuevo contrato.
2. En lo que respecta al monto de este nuevo contrato no corresponde aplicar el límite
establecido en el artículo 64 de la Ley en lo referido al porcentaje máximo del veinticinco
por ciento (25%) del contrato original, sin embargo, dado que esta nueva contratación se
aprueba con la finalidad de ejecutar una prestación adicional, su costo se debe determinar
en función al valor que representen tales prestaciones.
3. En lo que corresponde a la selección del proveedor, el artículo 101 del Reglamento
establece que, durante la estrategia de contratación, la DEC identifica al proveedor que
cumpla los requisitos de admisión y requisitos de calificación, según corresponda, para
posteriormente, durante la fase de selección cursar la invitación respectiva al proveedor
identificado, que podría ser el mismo contratista o uno distinto, dependiendo lo que sea
más conveniente para cumplir la finalidad del contrato. |
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Alcances sobre mayores metrados en contratos a precios unitarios |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | 1. Un mayor metrado se configuraba cuando, en el marco de la ejecución de la obra, se
verificaba un incremento en el metrado de una partida del presupuesto de obra,
singularmente considerada; sin que tuviese relevancia para este efecto, la existencia de
otras partidas con denominación idéntica o similar en una sección o componente
distinto del presupuesto de obra. En consecuencia, al momento de efectuar las
valorizaciones correspondientes y verificar si se había excedido la cantidad de
metrados referenciales, cada partida -así tengan similar o idéntica denominación- debía
ser tratada de manera individual.
2. Al respecto debe precisarse que, la determinación de si corresponde aprobar una
prestación adicional de obra o un mayor metrado sólo podía de ser efectuada a partir
de un análisis de los elementos caso concreto, verificando que se cumplan los requisitos
que exigía la anterior normativa de contrataciones del Estado, para cada una de estas
figuras. |
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Admisión de las ofertas |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | Tratándose de procedimientos de Concurso Público de Servicios, la documentación
obligatoria para la admisión de la oferta se encuentra expresamente determinada en el
numeral 69.1 del artículo 69 del Reglamento y en el numeral 2.2.1.1 “Documentos para la
admisión de la oferta” del Capítulo II de su Sección Específica de las Bases Estándar
aprobadas por la DGA, siendo estos instrumentos de uso obligatorio por parte de las
Entidades. Cabe anotar que no resulta posible que los evaluadores incorporen documentos
adicionales para la admisión de la oferta, toda vez que ello contravendría las disposiciones
del Reglamento y las Bases Estándar. |
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Contratación complementaria | Ley N° 30225, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N°344-2018-E. Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | Las contrataciones complementarias que se suscriban con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley y su Reglamento se regirán por lo dispuesto en estos dispositivos legales,
es decir, la Ley 32069 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009
2025-EF; ello, aún cuando el contrato original se hubiera suscrito durante la vigencia de la
anterior normativa de contrataciones del Estado. |
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Desafectación de los impedimentos en razón del parentesco |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. La excepción a la aplicación de los impedimentos en razón del parentesco, previstos en el
grupo 2, se sustenta en la experiencia adquirida previamente por el pariente de los
impedidos señalados en el primero grupo; es decir, en la habitual transacción del bien,
servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. En ese
sentido, la razón de ser de la desafectación prevista por la norma es permitir la participación
en los procesos de contratación de aquellos proveedores que, pese a mantener un vínculo
de parentesco, demuestran experiencia efectiva de acuerdo con las condiciones objetivas
que dicho dispositivo normativo contempla.
2. Para la aplicación de la desafectación de los impedimentos en razón del parentesco
mediante la acreditación de contratos que provienen de procedimientos de selección
competitivos y no competitivos, se requiere el cumplimiento de manera concurrente de las
siguientes condiciones: i) que el pariente del impedido haya perfeccionado al menos un
contrato en el mismo tipo de objeto al que postula; ii) que el pariente del impedido haya
ejecutado las prestaciones que devienen de dicho contrato perfeccionado. Así pues,
tratándose de bienes y obras, la ejecución debe haberse verificado dentro de los dos años
previos a la convocatoria del procedimiento de selección, a la contratación no competitiva,
o a la adjudicación de un contrato menor; y, tratándose de servicios, la experiencia por
ejecución debe acreditarse por dos años consecutivos.
3. Cuando la acreditación de la desafectación de los impedimentos en razón de parentesco se
sustente en la ejecución de contratación de contratos menores, se requiere del
cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones: i) que el pariente del impedido
haya ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula ii) que
dicha ejecución, en el caso de bienes y obras se efectúe dentro de los dos años previos a la
convocatoria del procedimiento de selección, a la contratación no competitiva, o a la
adjudicación de un contrato menor, y, tratándose de servicios, la experiencia por ejecución
debe acreditarse por dos años consecutivos.
4. En la medida que el fundamento de la excepción a la aplicación de los impedimentos en
razón del parentesco radica en la experiencia adquirida por el pariente del impedido, la
desafectación de las personas jurídicas de los Tipos 3.A, 3.B y 3.C opera únicamente
cuando el pariente del impedido: i) perfecciona y/o ejecuta los contratos provenientes de
los procedimientos competitivos, o no competitivos, o los contratos menores, conforme a
las condiciones previstas y desarrolladas en la presente opinión; y además ii) se vincula a
la persona jurídica ya sea mediante su participación en su accionariado, o como integrantes
de su consejo directivo, o como miembros de sus órganos de administración, o como
apoderados, o representantes legales en asuntos vinculados a las contrataciones públicas,
conforme a lo dispuesto en los Tipos 3.A, 3.B y 3.C del grupo 3 del numeral 30.1 del
artículo 30 de la Ley.
5. La desafectación de los impedimentos por razón de parentesco puede extender sus efectos
a las personas jurídicas comprendidas los Tipos 3.A, 3.B y 3.C del grupo 3 del numeral
30.1 del artículo 30 de la Ley, en tanto la propia norma les atribuye el mismo alcance
jurídico que a los impedimentos aplicables a las personas naturales comprendidas en los
grupos 1 y 2. En ese sentido, las disposiciones previstas en las Bases Estándar respecto de
la desafectación también resultan aplicables a las mencionadas personas jurídicas.
6. La aplicación de la desafectación en las personas jurídicas de los Tipos 3.A, 3.B y 3.C
mediante la acreditación de contratos que provienen de procedimientos de selección
competitivos y no competitivos, requiere que el pariente del impedido se encuentre
vinculado a las personas jurídicas conforme a lo dispuesto en los Tipos 3.A, 3.B y 3.C del
grupo 3 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley; y que además dicho pariente: i) haya
perfeccionado al menos un contrato en el mismo tipo de objeto al que postula; y ii) que
haya ejecutado las prestaciones que devienen de dicho contrato perfeccionado dentro del
plazo establecido por la Ley conforme al objeto de la contratación. Así pues, tratándose de
bienes, la ejecución debe haberse verificado dentro de los dos años previos a la
convocatoria del procedimiento de selección, a la contratación no competitiva, o a la
adjudicación de un contrato menor; y, tratándose de servicios, la experiencia por ejecución
debe acreditarse por dos años consecutivos.
7. La sola ejecución de un contrato dentro de los dos años previos a la convocatoria sin que
se acredite la ejecución continua durante dicho período resulta insuficiente para justificar
la aplicación de la desafectación.
8. La exigencia de “dos años consecutivos” debe interpretarse en sentido estricto, como un
requisito de continuidad temporal ininterrumpida en la ejecución del servicio, a fin de
garantizar que la experiencia del proveedor refleje una actividad habitual en la transacción
del servicio.
9. El supuesto de desafectación del impedimento para servicios resulta aplicable a los
contratos de consultoría en general, siempre que se cumplan las condiciones establecidas
en la Ley y el Reglamento, tales como la acreditación de la experiencia efectiva y
consecutiva de dos años en el mismo tipo de objeto al que postula.
10. La formalidad mínima exigible al pedido de aplicación de la desafectación de los
impedimentos por razón de parentesco en los contratos menores, consiste en la
presentación de la declaración jurada del proveedor que sustente su condición de
desafectado; sin perjuicio, de los requisitos y formalidades que la Entidad contratante
prevea en sus documentos de gestión interna, en ejercicio de la facultad que le confiere el
artículo 226 del Reglamento. |
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Factores de Evaluación |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones
específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la
organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones.
2. Al momento de evaluar el factor “Integridad en la contratación pública” se deberá verificar
si la certificación otorgada alcanza a la totalidad de la organización, o en su defecto, si sólo
se extiende a ciertas secciones o funciones específicas de esta, será importante, por parte
del postor -de acuerdo al tipo de organización y/o estructura interna que hubiese adoptado -, identificar y precisar aquella(s) área(s) que estará(n) cargo de ejecutar la prestación, efectos de que pueda acreditar adecuadamente que las mismas cuentan con la certificación
del sistema de gestión antisoborno correspondiente.
3. Cuando la certificación del sistema de gestión antisoborno sólo alcance a ciertas secciones
o funciones específicas de la organización, las oficinas, áreas, dependencias o unidades
comprendidas dentro de dicho alcance deberán ser quienes se encuentren a cargo de
ejecutar la prestación, a efectos de que se acredite adecuadamente el referido factor
“Integridad en la contratación pública”. Por el contrario, no será válida la acreditación
cuando el alcance de la certificación esté referido a ciertas oficinas, áreas, dependencias o
unidades que no tengan a su cargo la prestación. |
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Impedimentos para ser árbitro o adjudicador |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. Un árbitro o adjudicador estará impedido de ejercer la función si, en los últimos dos (2) años,
tiene acumulado cuatro (4) o más recusaciones declaradas fundadas y resueltas en el ámbito
específico de los arbitrajes sobre contrataciones públicas; siendo que tales recusaciones
pueden haberse resuelto antes durante o después de la entrada en vigencia de la Ley N°
32069 y de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, conforme
a lo dispuesto en el literal m) del artículo 327 del Reglamento.
2. La aplicación del impedimento previsto en el literal m) del artículo 327 del Reglamento,
exige la configuración objetiva de cuatro (4) o más recusaciones declaradas fundadas
resueltas dentro del periodo de referencia previsto por la norma (últimos dos años).
Consecuentemente, las recusaciones que −a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N°
32069 y su Reglamento−, se encontraban aún en trámite, no son computables sino hasta que
exista una decisión final sobre tales recusaciones.
3. El impedimento para ejercer la función de árbitro o adjudicador, dispuesto en el literal m)
del artículo 327 del Reglamento puede ser aplicable a las recusaciones fundadas y resueltas
en arbitrajes sobre contrataciones públicas que derivan de contratos suscritos provenientes
de procedimientos de selección convocados antes de la entrada en vigencia de la Ley.
4. La aplicación del impedimento no se encuentra supeditado a la instauración de un
procedimiento sancionador previo, sino únicamente a la verificación de la configuración de
los presupuestos normativos de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 327 del
Reglamento, como por ejemplo el previsto en el literal m). |
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Suspensión del plazo de ejecución contractual |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. Cuando la interrupción de la ejecución de las prestaciones se produzca por
eventos imputables a la Entidad contratante, las partes podrán acordar la
suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación de dichos
eventos, siempre que cuenten previamente con la autorización de la Autoridad de
la Gestión Administrativa. En tal sentido, en dicho escenario, la referida
autorización constituye un requisito previo para que las partes puedan acordar
mediante el documento correspondiente– la suspensión del plazo de ejecución
contractual.
2. Una vez reiniciado el plazo de ejecución tras una suspensión, carecería de sentido
que el contratista solicite la ampliación de plazo por los mismos hechos que
originaron dicha suspensión, en tanto esta última figura no implica –por definición–
el otorgamiento de un mayor plazo contractual; no obstante, ello no impide que
de manera posterior al reinicio– el contratista pueda solicitar una ampliación de
plazo cuando se susciten hechos distintos que se subsuman en alguna de las
causales previstas en la normativa de contrataciones públicas para tales efectos. |
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Comparación de precios |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. Para la contratación de bienes o servicios mediante el procedimiento de selección
competitivo de comparación de precios, el artículo 95 del Reglamento emplea los
términos “entregados” o “implementados” y, conforme a la naturaleza del objeto de la
contratación, estos se refieren a lo siguiente: (i) “Entregados”, supone su puesta a
disposición efectiva de la Entidad —en el lugar y condiciones estipuladas—, de
manera que queden aptos para su uso, por ejemplo, en la adquisición de bienes; (ii)
“Implementados”, implica la puesta en funcionamiento de la prestación —con el
personal, equipos y demás medios operativos necesarios—, de manera que se
encuentre lista para su ejecución, por ejemplo, en las contrataciones de servicios o de
bienes que requieran instalación o configuración previas para su operatividad.
2. Cabe anotar que el plazo de cinco (5) días hábiles referido en el artículo 95 del
Reglamento no constituye la duración total del contrato, sino el tiempo máximo exigido
para que las prestaciones contratadas – bienes y/o servicios – queden, según
corresponda, entregadas o implementadas. Por lo tanto, la ejecución contractual podrá
tener un plazo mayor a los cinco días cuando la naturaleza del objeto lo requiera,
siendo lo determinante que, dentro de los cinco (5) días hábiles, la prestación
contratada – sea bien o servicio – se encuentre entregada o implementada, según
corresponda. |
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Procedimiento de selección no competitivo por situación de
desabastecimiento |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. La Estrategia de contratación es el marco en el cual la Entidad contratante, en
aplicación del enfoque de gestión por resultados y el principio de valor por dinero
—además de otros enfoques y principios que contempla la normativa de
contratación pública—, debe determinar y sustentar si, tras la evaluación de los
factores y riesgos inherentes al proceso y las condiciones de la contratación, la
decisión de gestión óptima para que el contrato alcance su finalidad pública es la
utilización de un procedimiento de selección no competitivo, siempre que se
configure alguno de los supuestos contemplados en el artículo 55 de la Ley y 100
del Reglamento.
2. Cada Entidad contratante, a efectos de definir si puede emplear un procedimiento
de selección no competitivo en virtud del literal c) del numeral 55.1 del artículo 55
de la Ley, debe evaluar los factores y riesgos inherentes al proceso de
contratación y verificar —entre otros aspectos— que la “situación de
desabastecimiento” a invocar se haya producido por un hecho o situación fuera
del orden o regla natural o común que no pudo haber sido previsto,
comprometiendo la continuidad de las funciones, servicios, actividades u
operaciones que están relacionadas con el ejercicio de las facultades que, por
disposición expresa de la ley, le son atribuidas. |
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Comprador público |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | En virtud de lo que establece el literal f) del numeral 25.1 del artículo 25 de la Ley, los
locadores de servicios no son considerados compradores públicos; según el dispositivo
señalado, solo los funcionarios y servidores públicos de la Dependencia encargada de las
contrataciones pueden ser considerados compradores públicos. Lo señalado no obsta que
las Entidades puedan contratar locadores para prestar servicios (de carácter autónomo y
específicos a cambio de una contraprestación) en la Dependencia encargada de las
contrataciones. |
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Contratación de prestaciones pendientes de ejecución derivadas de
contrato resuelto o nulo. |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. Si bien se puede invocar el supuesto de procedimiento no competitivo previsto en el literal
k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley para contratar las prestaciones pendientes
derivadas de un contrato de consultoría de obra para elaboración de expediente técnico de
obra resuelto o declarado nulo, la literalidad del referido dispositivo no permite extender
los alcances de esta figura para contratar directamente la supervisión aplicable a tales
contratos (de elaboración de expedientes técnicos de obra).
2. A partir del 22 de abril del presente año (2025), fecha en que entró en vigencia la Ley N°
32069 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, no es
posible aplicar el procedimiento que establecía el artículo 167 del anterior Reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, toda vez que al procedimiento
establecido en el artículo 167 del anterior Reglamento no le alcanza la aplicación ultractiva
de la anterior normativa de contrataciones del Estado. |
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Requerimiento y documentos del procedimiento de selección |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | 1. De conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 47 del anterior Reglamento,
la formulación del requerimiento era responsabilidad del área usuaria; y la
responsabilidad de la elaboración de los documentos del procedimiento de
selección era del órgano a cargo del procedimiento de selección, es decir, el Comité
de selección o el OEC, según correspondiera.
2. Era posible que a partir de la etapa de consultas y observaciones, el órgano a cargo
del procedimiento pudiera advertir algún aspecto que debía ser modificado o
ajustado en el requerimiento, no obstante, en virtud de lo establecido en el numeral
29.11 del artículo 29 del anterior Reglamento —ya citado—, las modificaciones
realizadas al requerimiento debían contar con la aprobación del área usuaria.
3. El área usuaria era responsable de la formulación del requerimiento, no de la
elaboración de las Bases, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 del
anterior Reglamento, la elaboración de las Bases era responsabilidad del órgano a
cargo del procedimiento de selección.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 47 del anterior Reglamento, la
elaboración de las Bases del procedimiento de selección se encontraba a cargo del
órgano a cargo del procedimiento de selección, que podía ser un Comité de selección o el OEC, de corresponder. Es importante no olvidar que para la
elaboración de las Bases, el órgano a cargo del procedimiento debía emplear las
Bases Estándar aprobadas el OSCE —las que contenían indicaciones para la
correcta elaboración de las Bases, precisando elementos que debían ser eliminados
o que debían mantenerse allí como parte de la redacción final de las Bases—,
además de la información técnica y económica del expediente de contratación. |
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Plazos y procedimiento para la suscripción del contrato |
Decreto Supremo N°1017 y Decreto Supremo N° 184-2008-EF. | 1. El artículo 5 del D.S N°138-2012-EF establecía que sus disposiciones entrarán en vigencia
a partir del trigésimo día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Así, considerando lo antes mencionado, se puede concluir que las disposiciones del
referido decreto supremo, incluida la modificación del artículo 148 del D.S. N°184-2008
EF, entraron en vigencia el 20 de setiembre de 2012. De este modo, las reglas para la
suscripción del contrato que establecía el artículo 148 del anterior Reglamento en su
versión modificada por el D.S N°138-2012-EF eran aplicables a los procesos de selección
que se hubiesen convocado a partir del 20 de setiembre de 2012.
2. El proceso de selección era un procedimiento administrativo, no obstante, dada su
especialidad, se encontraba regulado por la anterior Ley de Contrataciones del Estado y
sus normas de desarrollo. Solo en caso de deficiencias o de ausencia de normas que
regularan situaciones que se hubiesen presentado en el curso del proceso de selección eran
aplicables supletoriamente las normas de derechos público, entre estas, la Ley de
Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444. |
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Contratación de prestaciones pendientes de ejecución derivadas de
contrato resuelto o nulo |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Ley N° 30225 y Decreto Supremo N°344-2018-E. | 1. A partir del 22 de abril del presente año (2025), fecha en que entró en vigencia la Ley
N° 32069 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, no
es posible aplicar el mecanismo que establecía el artículo 167 del anterior Reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. La fecha en la que se
convocó el procedimiento de selección que derivó en el contrato resuelto o declarado
nulo es irrelevante en este caso, toda vez que al mecanismo establecido en el artículo
167 del anterior Reglamento no le alcanza la aplicación ultractiva de la anterior
normativa de contrataciones del Estado.
2. En el marco de la aplicación de la normativa de contratación pública vigente, el literal
k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley N° 32069 establece que puede emplearse
el procedimiento de selección no competitivo para continuar con la ejecución de las
prestaciones que aún no son ejecutadas que derivan de contratos resueltos o declarados
nulos por las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 71.1 del artículo 71
de la Ley, siempre que estos contratos deriven de un procedimiento de selección
competitivo. |
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Verificación posterior | Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N°344-2018-E. Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | En el marco de lo dispuesto por la normativa de contrataciones públicas (tanto en la anterior
como en la vigente), si bien se ha previsto normativamente que el inicio de la verificación
posterior respecto del contenido de la oferta ganadora es a partir del consentimiento de la
buena pro, a fin de velar por la eficiencia e integridad de las contrataciones que lleve a
cabo, la Entidad, en una decisión de gestión, podría antes de producido dicho
consentimiento iniciar las actividades que considere que permite asegurar la verificación
correspondiente. |
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Aplicación de penalidad por mora |
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N°344-2018-E. | Conforme a lo dispuesto en la anterior normativa de contrataciones públicas, el
monto máximo de penalidad por mora que podía aplicarse a un contrato -por
ejemplo, uno de ejecución única con entregas parciales o prestaciones individuales-
era equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En ese
contexto, cabe anotar que el término “ítem” aludido en el numeral 161.2 del artículo
161 del anterior Reglamento no se refería a una prestación individual materia de
retraso en el marco de un contrato de ejecución única; se refería, específicamente,
al ítem no ejecutado en un proceso de contratación según relación de ítems. |
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Autoridad de la Gestión Administrativa |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. Es posible que las funciones que correspondería que sean asumidas por el actor que
la Ley y el Reglamento han denominado de forma genérica como Autoridad de la
gestión administrativa, por disposición de las normas de organización interna de la
Entidad contratante, sean asumidas por el funcionario que asume el rol de Titular
de la entidad. 2. De conformidad con lo establecido en el numeral 25.2 del artículo 25 de la Ley, el
Titular de la entidad puede delegar las funciones que le han sido asignadas en el
marco de los procesos de contratación que se encuentran bajo el alcance de la
normativa de contratación pública, con excepción de aquellas que el Reglamento
ha establecido como indelegables. |
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Aplicación de penalidad por mora |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | 1. La mora en la ejecución de la prestación en un contrato de supervisión se configuraba
cuando existía un retraso en el inicio del despliegue de la actividad de supervisión, de
conformidad con lo establecido en el contrato de supervisión. Por tanto, una vez verificada
la mora, la Entidad debía aplicar la penalidad correspondiente por cada día de retraso, de
conformidad con la fórmula prevista en el artículo 162 del anterior Reglamento, debiendo
considerar en las variables “monto” y “plazo”, el monto y el plazo total del contrato de
supervisión.
2. La aprobación y registro de valorizaciones a las que se refería el artículo 194 del anterior
Reglamento eran algunas de las diligencias en las que se expresaba la prestación de
supervisión, pero consideradas de manera aislada o individual, no agotaban ni definían la
prestación de supervisión que, como se ha indicado, era el comportamiento unitario
consistente en el control de la adecuada ejecución de la obra, de manera permanente y
directa, de acuerdo con lo establecido en el contrato. Por tanto, un retraso en la aprobación
y registro de valorizaciones no configuraba la mora y, por ende, no generaba tampoco la aplicación de la penalidad contemplada en el artículo 162 del Reglamento.
3. De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, las bases del contrato podían contemplar
otras penalidades para sancionar incumplimientos distintos a la mora, pudiendo ser uno de
estos, el retraso del contratista supervisor en la aprobación y registro de las valorizaciones
conforme a los plazos del artículo 194 del anterior Reglamento y la Directiva N°001-2022
OSCE/CD. Cabe precisar que, las referidas “otras penalidades” debían ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. |
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| Contratación de prestaciones pendientes de ejecución derivadas de
contrato resuelto o nulo por las causales previstas en el literal a) y
b) del numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley |
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N°344-2018-E. Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | La posibilidad de emplear lo dispuesto en el literal k) del numeral 55.1 del artículo
55 de la Ley para contratar directamente las prestaciones pendientes de ejecución,
derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo por alguna de las causales
establecidas en los literales a) y b) del numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley, debe
ser sometida a la evaluación de la propia Entidad contratante, considerando los
fundamentos técnicos en atención al caso concreto, incluso si el contrato del cual
derivan las prestaciones pendientes se encuentra siendo sometido a arbitraje.
Adicionalmente, debe verificarse el cumplimiento de lo dispuesto en el literal k)
del artículo 100 del Reglamento, que establece disposiciones aplicables para el
referido procedimiento de selección no competitivo. |
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Ejecución de obras bajo modalidad “fast track” |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. Considerando que el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación del
requerimiento, se puede concluir que es esta dependencia quien debe sustentar la
viabilidad técnica de que una obra bajo el sistema de diseño y construcción se ejecute
bajo la modalidad de fast track, incluyendo su ventaja comparativa respecto una
ejecución secuencial.
2. Corresponderá a la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC), en tanto
responsable de la estrategia de contratación, verificar el sustento remitido por el área
usuaria sobre la pertinencia del uso de la modalidad fast track. Asimismo, le
corresponde verificar el cumplimiento de las otras condiciones que exige la norma para
el uso de la referida modalidad
3. Los contratos de obra ejecutados bajo las modalidades de Concurso Oferta o Llave en
Mano que incluía la elaboración de Expediente Técnico, que se rigieron por la anterior
normativa de Contrataciones del Estado pueden ser considerados para sustentar la
condición establecida en el literal b) del numeral 204.2 del artículo 204 del Reglamento
vigente.
4. Para el cumplimiento de la condición establecida en el literal b) del numeral 204.2 del
artículo 204, se podrá considerar dos contratos bajo el sistema de diseño y construcción
que hubiesen consistido en ejecutar una obra en cualquiera de las subespecialidades
que forman parte de la misma especialidad que la obra que se busca contratar, sin
perjuicio del resto de requisitos que exige el referido dispositivo. Para identificar cuáles
son las subespecialidades que corresponden a cada especialidad debe considerarse lo
indicado en el artículo 157 del Reglamento y lo establecido en la Resolución Directoral
N° 0016-2025-EF/54.01.
5. Cuando se emplee un contrato bajo la modalidad concurso oferta para cumplir con la
condición del inciso ii) del literal b) del numeral 204.1 del artículo 204 del Reglamento,
se entenderá por entregables a la prestación consistente en la elaboración del
expediente técnico y a la ejecución de la obra. Siendo así, cuando el referido dispositivo
exige que es preciso que se hubiese formulado observaciones y otorgado
conformidades dentro del plazo a los entregables, se refiere: (i) a las observaciones y
conformidad otorgada respecto del expediente técnico elaborado por el contratista; y (ii) a aquellas correspondientes a la obra ejecutada por el mismo; cabe precisar, que en
este último caso, solo corresponde considerar las observaciones efectuadas en el marco
de la recepción de la obra, así como la suscripción del acta de recepción y no a cada
una de las valorizaciones que se hubiesen aprobado. |
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Comité Especial |
Decreto Legislativo N° 1017 y Decreto Supremo N° 184-2008-EF | 1. En el marco de la anterior normativa de contrataciones del Estado, el Comité Especial
contaba con facultades para actuar durante el desarrollo del proceso de selección, esto
era: desde el momento en que era designado y procedía a elaborar las Bases, hasta el
momento en que la buena pro quedaba consentida o administrativamente firme; en tal
sentido, debe puntualizarse que el Comité Especial no contaba ni ejercía competencia
alguna en otra fase del proceso de contratación, que no fuera la fase de selección.
2. En el marco de la anterior normativa de contrataciones del Estado, ser el caso, las
Entidades podían establecer en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y
demás normas de organización interna, aquellas actividades específicas que eran
competencia de cada funcionario o dependencia, con la finalidad de establecer las
responsabilidades correspondientes.
3. Mediante Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE, el OSCE dispuso que el registro de
participantes se realizaría de manera electrónica en los procesos de selección que se
convoquen a partir del 20 de octubre del 2015, previo a ello el registro de participantes
se efectuaba desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después
de haber quedado integrada las Bases, de conformidad con la Novena Disposición
Complementaria Transitoria del anterior Reglamento, modificado por el Decreto
Supremo Nº 138-2012-EF. |
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Ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF | 1. Siempre que las contrataciones que realicen las Entidades de la Administración Pública,
para abastecerse de bienes, servicios y obras, impliquen la erogación de fondos públicos,
dichas contrataciones se encontrarán comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la
normativa de contrataciones del Estado, estando así, obligadas a cumplir las disposiciones
contenidas en la Ley, su Reglamento, y las demás normas obligatorias emitidas en el marco
del Sistema Nacional de Abastecimiento.
2. Este Organismo Técnico Especializado carece de competencia para determinar si cierto
tipo de acuerdos o relaciones jurídicas entre una Entidad y un privado se encuentran, o no,
bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; de igual manera,
no es posible definir si un abono o desembolso efectuado en el marco de dicha relación
jurídica califica, o no, como una erogación de fondos públicos, toda vez que tal análisis deberá realizarse tomando en consideración las particularidades de cada caso, así como la
normativa especial de la materia. |
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Artículo 167 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Ley N° 30225 y Decreto Supremo N°344-2018-E. | 1. A partir del 22 de abril del presente año (2025), fecha en que entró en vigencia la Ley N°
32069 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, no es
posible aplicar el procedimiento que establecía el artículo 167 del anterior Reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. La fecha en la que se resuelve o
se declara la nulidad del contrato es irrelevante en este caso, toda vez que al procedimiento
establecido en el artículo 167 del anterior Reglamento no le alcanza la aplicación ultractiva
de la anterior normativa de contrataciones del Estado.
2. Solo era posible celebrar un contrato para la ejecución de prestaciones pendientes
derivadas de un contrato que fue resuelto o declarado nulo aplicando el artículo 167 del
anterior Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF hasta el 21
de abril del presente año (2025). A partir del 22 de abril ya no es posible celebrar contratos
invocando la aplicación del referido dispositivo. |
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Formulación de los presupuestos deductivos vinculados |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | 1. Los presupuestos deductivos vinculados, como regla general, no incluían gastos generales
fijos, pues las partidas no ejecutadas no implicaban una consecuente disminución de estos.
2. Los presupuestos deductivos vinculados, como regla general, podían incluir gastos
generales variables, en la medida de que, luego del análisis de impacto en la ruta crítica, se
hubiese identificado que, como consecuencia de la sustitución de prestaciones, se generaba
una reducción del plazo contractual. |
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Licitación pública abreviada derivada de una subasta inversa electrónica
desierta |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | 1. En el contexto de una licitación pública abreviada derivada de una subasta inversa
electrónica, el requerimiento del bien común a contratar debe recoger lo establecido en la
ficha técnica aprobada por Perú Compras sin modificaciones, salvo que la normativa
específica que regula el objeto de la convocatoria exija algún requisito obligatorio. Es el
evaluador quien, considerando lo que prevén las Bases estándar, determina los factores de
evaluación para la evaluación técnica; es posible emplear un número menor de factores de
evaluación facultativos que el mínimo establecido y establecer puntajes superiores a los
puntajes máximos establecidos en las Bases estándar, pero en ningún caso el número de
factores de evaluación técnica puede ser menor a dos.
2. Cuando se decide realizar una licitación pública abreviada en lugar de una subasta inversa
electrónica que fue declarada desierta, debe desarrollarse la estrategia de la contratación a
realizar, así, entre otras variables a analizar, evaluar y determinar se encuentran los
requisitos de calificación. De acuerdo con el numeral 84.4 del Reglamento, los requisitos
de calificación deben ser determinados según lo que establecen las Bases estándar de la
modalidad abreviada. |
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Alcance de la Directiva N° 004-2025-OECE-CD |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | 1. La Directiva es aplicable a aquellas personas jurídicas (entre ellas, las
Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y
Resolución de Disputas) que presenten solicitudes de procedimientos en el
REGAJU o que ya estén inscritas en éste registro, el cual habilita a organizar y administrar arbitrajes y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en materia
de contrataciones públicas.
2. La Directiva no resulta aplicable a procedimientos vinculados con la solución de
controversias fuera del ámbito de la normativa de contrataciones públicas (como
aquellos derivados de la contratación entre privados). |
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Procedimiento de selección no competitivo |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | Es viable contratar las prestaciones de supervisión de un saldo de obra aplicando el
procedimiento de selección no competitivo por el supuesto del literal k) del numeral 55.1 del
artículo 55 de la Ley, cuando -entre otras condiciones previstas en dicho dispositivo y en el
literal k) del artículo 100 del Reglamento- el saldo de obra deriva de un contrato -incluso
aquellos celebrados bajo los alcances de la Ley N° 30225 y el Decreto Supremo N° 344
2018-EF- resuelto o declarado nulo proveniente de un procedimiento de selección de
naturaleza competitiva. |
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Oficial de compra |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | 1. De conformidad con lo establecido en el literal f) del numeral 25.1 del artículo 25 de
la Ley y el artículo 56 del Reglamento, el oficial de compra es un funcionario o servidor
de la dependencia encargada de las contrataciones.
2. Corresponde aclarar que las actuaciones que un funcionario o servidor de la DEC
realiza en calidad de “oficial de compra” se limitan a la fase de selección. Ahora bien,
es posible que el funcionario o servidor de la DEC que participó de las actuaciones
preparatorias en un proceso de contratación sea designado como oficial de compra en
el marco del mismo proceso y, posteriormente, pueda también participar de la fase de
ejecución contractual.
3. La normativa de contrataciones públicas no ha definido un acto administrativo o un
instrumento formal específico con el que se realiza la designación del oficial de
compra. Compete a la Entidad, primero, identificar en su ROF u otros documentos de
organización y/o gestión a la DEC, y una vez identificada a la DEC, dicha área deberá
determinar internamente el instrumento de gestión o las actuaciones mediante las que
realizará la designación del oficial de compra.
4. En el marco del modelo de certificación previsto en el Reglamento de la Ley N° 30225
y su Anexo N° 02, quienes intervienen directamente en alguna de las fases de la
contratación son profesionales y/o técnicos certificados, sin que se les sea exigible un
nivel de certificación en particular. Por tanto, y puesto que la implementación del
nuevo modelo de certificación previsto en el artículo 16 y en la Decimocuarta
Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 32069 se efectuará
de manera progresiva, por ahora para ser designado como oficial de compra deberá
contarse con la certificación sin tener en consideración el nivel de la certificación. |
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Funciones del Supervisor de Obra |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Ley N° 30225, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N°344-2018-E. | 1. Un contrato de supervisión de obra celebrado conforme al marco normativo
vigente, distinto al que rige la ejecución del contrato de obra a supervisar (celebrado
bajo la anterior normativa), no obsta que la ejecución de la supervisión de la obra
implique velar por el cabal cumplimiento del contrato de obra y, en consecuencia,
que dicha supervisión deba cautelar que la obra se ejecute conforme al marco
normativo que rige ésta última, lo que involucra el cumplimiento de las
disposiciones normativas y contractuales aplicables a la obra, tales como aquellas
que regulan los procedimientos, plazos y condiciones para la aprobación de
modificaciones contractuales de obra, por ejemplo, entre otros dispositivos propios
de la ejecución de la obra, como la recepción y liquidación de la misma, entre otros.
2. Las funciones de la supervisión de obra -contratada bajo el marco normativo
vigente- que recaen sobre la ejecución técnica, económica y administrativa del
contrato de obra -celebrado bajo la anterior normativa- deben sujetarse a las
disposiciones normativas y contractuales que regulan la ejecución de la obra a
supervisar, en atención al vínculo intrínseco de ambos objetos contractuales; sin
perjuicio de ello, las obligaciones derivadas del propio contrato de supervisión cuyo
cumplimiento exige su normativa aplicable (en este caso la vigente), que puedan
resultar independientes de la ejecución del contrato de obra, deben cumplirse con
sujeción a lo dispuesto en la normativa que regula el contrato de supervisión de
obra, según corresponda. |
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Alcance de la Décima Primera Disposición Complementaria Transitoria
del Reglamento. |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | Corresponde indicar que en los procesos ad hoc donde se asignaba al OECE (antes OSCE)
la competencia para la atención de servicios de instalación de árbitro único o tribunal
arbitral, recusación de árbitros, designación residual de árbitros, devolución de honorarios
arbitrales y solicitudes de pronunciamiento de liquidación o reliquidación de gastos
arbitrales, a efectos de su resolución las partes deben recurrir a una Institución Arbitral
inscrita en el REGAJU. Sin embargo, (i) dado el carácter progresivo del proceso de incorporación de las instituciones arbitrales al REGAJU; y (ii) en consideración de lo
dispuesto por el numeral 9 de la Décimo Primera Disposición Complementaria del
Reglamento, se puede concluir que, hasta el 31 de diciembre y de acuerdo con lo que
comunique el OECE, para los servicios antes mencionados, las partes podrán acudir a una
Institución Arbitral sin que resulte obligatorio que ésta se encuentre inscrita en el
REGAJU. |
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Compradores públicos |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | El concepto de “compradores públicos” que establece el literal f) del artículo 25 de la Ley no
se refiere a cualquier funcionario o servidor de la entidad, sino únicamente a aquellos que
integran la dependencia encargada de las contrataciones. Se trata, por tanto, de un grupo de
personas que, en ejercicio de funciones expresamente asignadas, asumen obligaciones relacionadas con la gestión de los procesos de contratación de la entidad. Esto implica no solo
el conocimiento técnico-normativo del marco de contrataciones, sino también el ejercicio
continuo de funciones específicas vinculadas al ciclo completo de la contratación pública, que
ejercen tales servidores o funcionarios. |
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Gastos generales variables y reducción de plazo |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | 1. De conformidad con lo que establecía el numeral 199.6 del artículo 199 del anterior
Reglamento, en el caso en que se reducía el plazo de ejecución de obra -como
consecuencia de la reducción de prestaciones que formaban parte de la ruta crítica-
debían reducirse los gastos generales variables que estaban vinculados con dicha
reducción de plazo.
2. En el marco de lo que establecía la anterior normativa de contrataciones del Estado,
el criterio para la reducción de los gastos generales variables en el escenario en que
se hubiese reducido el plazo de ejecución de obra por la reducción de prestaciones
que estaban incluidas en la ruta crítica, es que estos gastos generales variables estuvieran vinculados a la reducción del plazo. La anterior normativa no establecía
un procedimiento para el cálculo de los menores gastos generales variables en el
caso de la reducción del plazo de ejecución de obra. |
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Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado |
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N°344-2018-E. | En concordancia con el criterio establecido mediante Opinión N.°012-2025-OSCE/DTN,
es importante anotar que cuando el inicio previsto para la participación efectiva del
personal propuesto por el contratista hubiese sido postergado debido a situaciones o
eventos no atribuibles a éste o a las partes -como por ejemplo el retraso en el inicio de la
ejecución del proyecto en donde dicho personal realizará sus actividades-, correspondía a
la Entidad contratante evaluar el caso concreto (debidamente sustentado) a fin de verificar
si se configuraba o no el incumplimiento del contratista respecto de su obligación de
ejecutar sus prestaciones con el plantel profesional ofertado -pudiendo considerar dicho
periodo en que se postergó el inicio de la participación efectiva por causas no imputables-
como parte del periodo mínimo de permanencia que exige el numeral 190.2 del artículo
190 del anterior Reglamento. |
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Requisitos de calificación | Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | Para determinar los requisitos de calificación a incluir en un procedimiento de
selección no competitivo, la DEC deberá remitirse a las Bases Estándar del procedimiento competitivo correspondiente, y a partir de ello, incorporar los
requisitos de calificación que resulten obligatorios, así como evaluar la pertinencia
de incluir aquellos requisitos que resulten facultativos. |
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Impedimentos |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | 1. Durante el ejercicio del cargo, los gobernadores y vicegobernadores regionales se encuentran
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y subcontratistas en todo proceso de
contratación pública a nivel nacional. Sin embargo, durante los seis (06) meses posteriores de
haberlo dejado, estos funcionarios se encuentran impedidos en todo proceso de contratación
pública que se convoque dentro de la circunscripción territorial del gobierno regional del que se
trate.
2. En cuanto a los consejeros regionales, el impedimento para ser participante, postor, contratista o
subcontratista del Estado se aplica para todo proceso de contratación pública que se convoque
dentro de la circunscripción territorial del gobierno regional del cual forman parte. Este alcance
es el mismo tanto durante el ejercicio del cargo, como hasta seis (06) meses posteriores de haberlo
dejado.
3. Los alcaldes, durante el ejercicio del cargo, se encuentran impedidos de ser participantes,
postores, contratistas o subcontratistas en todo proceso de contratación a nivel nacional. Sin
embargo, una vez dejado el cargo y hasta seis (06) meses después, el impedimento se aplica solo
en los procesos de contratación que se convoquen en el territorio en el cual ejercieron sus
funciones.
4. En relación con los regidores, estos se encuentran impedidos de ser participantes, postores,
contratistas o subcontratistas en los procesos de contratación que se convoquen en el territorio en
el cual ejercen sus funciones, durante el ejercicio del cargo y hasta seis (06) meses después de
haberlo dejado.
5. Los parientes de los gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes
y regidores se encuentran impedidos de ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas
en todo proceso de contratación que se convoque dentro de la circunscripción territorial en la que
estos funcionarios ejercen sus funciones, según corresponda. Este impedimento es aplicable
durante el ejercicio del cargo y hasta seis (06) meses posteriores de haberlo dejado. |
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Deberes del comité de selección y Fiscalización posterior |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | En el marco de la anterior normativa de contrataciones del Estado, el comité de selección
tenía el deber de adoptar las decisiones y realizar todo acto que fuera necesario para preparar, conducir y realizar el procedimiento de selección a su cargo, hasta su
culminación, observando el cumplimiento del principio de presunción de veracidad. De
otro lado, correspondía al órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la
Entidad al que se le hubiera asignado tal función, dar cumplimiento del principio de
privilegio de controles posteriores, observando lo previsto en el artículo 64.6 del artículo
64 del anterior Reglamento, que consistía en realizar la verificación (fiscalización
posterior) de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. |
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Subsanación de ofertas |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | 1. La normativa de contrataciones del Estado permite la subsanación de aquellos
errores que no varíen el contenido esencial ni el sentido de la oferta, en otras
palabras, un error puede subsanarse en la medida que no altere los alcances ni
desnaturalice lo ofrecido por el postor; esto último responde a la necesidad de
conservar la mayor cantidad posible de ofertas y que -a partir de un escenario de
competitividad- la contratación sea realizada bajo las mejores condiciones
técnicas y económicas que existan en el mercado.
2. Los evaluadores son los competentes para determinar si la oferta del postor
adolece de un error material o formal que puede ser objeto de subsanación, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento, para lo cual debe tenerse
en consideración los criterios desarrollados en la presente opinión, así como los
principios que rigen la contratación pública.
3. Los documentos que deben haber sido emitidos con anterioridad a la fecha
establecida para la presentación de ofertas, a fin de ser pasibles de subsanación,
conforme al numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento, son aquellos expedidos
por entidades públicas o privadas ejerciendo función pública tales como
autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y/o documentos que
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, no
encontrándose referida dicha disposición, por ejemplo, a lo concerniente a la
subsanación de firmas en declaraciones juradas, formatos o formularios; debiendo
precisarse además que en caso el postor utilice firma digital deberá considerarse
la regulación que contempla la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados
Digitales y demás normativa de la materia. |
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Supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley N° 32069 |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | Este Organismo Técnico Especializado se ratifica en los alcances de las Opiniones N° 137
2009/DTN y N° 037-2012/DTN, en relación con el supuesto excluido del ámbito de aplicación
de la Ley N° 32067 previsto en su artículo 7, considerando que los contratos bancarios y
financieros que provienen de un servicio financiero cuentan con una regulación propia del
Sistema financiero, cuyo cumplimiento e interpretación de sus alcances son atribuciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, por lo que es el organismo que tiene la atribución de
emitir pronunciamiento sobre qué servicios constituyen operaciones bancarias o financieras que
originen la celebración de contratos bancarios o financieros. |
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Monto vigente del contrato y aplicación de penalidades |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | De conformidad con lo previsto en el artículo 162 del anterior Reglamento, para el cálculo
de la penalidad por mora, debía aplicarse la fórmula empleando el plazo y monto vigente. De
esta forma, según el concepto de contrato vigente previsto en el Anexo N° 1 “Definiciones”
del anterior Reglamento, y considerando la naturaleza de los contratos de precios unitarios,
el monto vigente del contrato era aquel obtenido de las valorizaciones de los metrados
realmente ejecutados por el contratista y su afectación como resultado de las variaciones
realizadas por los reajustes, las prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones o las
ampliaciones o reducciones del plazo u otras modificaciones del contrato. |
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Impedimentos |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | Conforme a lo establecido en el numeral 4) del artículo 30 de la Ley, se encuentran
impedidas de ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas, en todo
proceso de contratación pública a nivel nacional, aquellas personas naturales
inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC),
siempre que dicha inscripción derive de la comisión de infracciones administrativas
vinculadas con su actuación en el marco de la contratación pública. Cabe recalcar
que este impedimento subsiste mientras permanezca la inscripción en el referido
registro o se encuentre vigente la sanción, según corresponda. |
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Impedimentos |
Ley Nº 30225 y Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias | 1. De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 11 de la anterior Ley,
los Consejeros Regionales estaban impedidos de ser parte en los contratos de
abastecimiento y contratar con las Entidades Públicas que se encontraban dentro
del ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce
(12) meses después de haber concluido.
2. La contratación de notarios a las que se refería el literal d) del artículo 4 de la
anterior Ley implicaba servicios notariales vinculados con las figuras y situaciones
como la declaración de nulidad de contrato, la ejecución de garantías por los
adelantos, el procedimiento de resolución de contrato o la resolución de contrato
de obra. A la contratación por parte de las Entidades de estos servicios, al ser parte
de la función de abastecimiento de una Entidad, se les aplicaba los impedimentos
contemplados en el artículo 11 de la Ley.
3. Los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la anterior Ley no eran
aplicables a todos los supuestos excluidos del ámbito de aplicación que establecía
su artículo 4. Para determinar la aplicación de los impedimentos en el contexto de
los supuestos excluidos, debía realizarse el análisis de si se trataba de un contrato
de acuerdo con lo que contempla el artículo 76 de la Constitución, esto es, un
contrato de abastecimiento regido por la normativa nacional, así como aspectos
propios de los supuestos contemplados en el artículo 4 de la Ley |
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Proveedores extranjeros no domiciliados |
Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | 1. Los proveedores extranjeros pueden inscribirse en el RNP, a efectos de participar en
procedimientos de selección dentro del territorio nacional y contratar con el Estado, pudiendo
tramitar dicha inscripción como: i) proveedores extranjeros domiciliados (sucursal, tratándose
de persona jurídica), o ii) proveedores extranjeros no domiciliados (principal o matriz,
tratándose de persona jurídica).
2. Para el caso de proveedores extranjeros no domiciliados, justamente atendiendo a su propia
condición, la normativa de contrataciones no exige que cuenten con un domicilio en Perú para
su inscripción en el RNP, habiéndose precisado además que tratándose de persona jurídica
extranjera no domiciliada se considera como domicilio el declarado en el formulario. |
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Intervención Económica de la Obra | Ley Nº 30225. Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias. Directiva N°013-2019-OSCE/CD “Intervención económica de la
obra”. |
Las valorizaciones aprobadas pendientes de pago que formaban parte de los fondos de la cuenta
mancomunada y que debían ser parte de la información que debía contener la resolución que
aprobaba la intervención económica, eran aquellas aprobadas por el supervisor o inspector y
que, además, contaban con la conformidad del área usuaria u órgano competente de la Entidad. |
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Procedimiento para la aprobación de ampliaciones del plazo. |
Ley Nº 30225, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1444. Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. | 1. Durante la gestión del contrato podían intervenir distintas dependencias de la Entidad, tales
como el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones, cuyas actividades
resultaban complementarias a fin de cautelar la correcta ejecución del mismo. Asimismo,
la supervisión de las contrataciones podía estar a cargo de la propia Entidad o un tercero,
en caso dicha supervisión hubiese recaído en el área usuaria esta era responsable de cautelar
aquellos aspectos propios de su función, es decir, aspectos técnicos vinculados al
requerimiento, así como otros aspectos (condiciones) que puedan incidir en la satisfacción
de su necesidad.
2. La anterior normativa de contrataciones del Estado no regulaba aspectos vinculados con el
procedimiento al interior de la Entidad para la aprobación de ampliaciones de plazo. En
ese sentido, las normas de organización interna de cada Entidad eran las que debían definir
qué unidades orgánicas participaban en las distintas etapas y actuaciones del proceso de
contratación -lo que incluía a las actuaciones durante la fase de ejecución contractual- de
bienes, servicios u obras, precisando en que forma y oportunidad se realizaba dicha
intervención, teniendo en cuenta, además, la naturaleza de los distintos contratos, así como
las funciones descritas en la anterior Ley y su Reglamento.
3. Tanto el área usuaria como el órgano encargado de las contrataciones podían emitir opinión
o participar en el proceso para la aprobación de ampliaciones de plazo, siempre que ello
resultara acorde a sus funciones, así como a las normas de organización interna de cada
Entidad.
4. Dado que la ampliación de plazo constituía un supuesto de modificación contractual, la
aprobación de dicha solicitud debía recaer en aquel órgano de la Entidad -de conformidad
con lo establecido en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) u otras normas
de organización interna- que tuviese las facultades suficientes para poder realizar
modificaciones a los contratos celebrados. |
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Procedimiento de conformidad |
Ley N° 30225 y sus modificatorias. Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias. | 1. El numeral 168.3 del artículo 168 del anterior Reglamento, en relación con el otorgamiento de la
conformidad, establecía el procedimiento y el plazo para que la Entidad cumpliera con su emisión;
el referido dispositivo no establecía como parte del procedimiento la notificación de la conformidad
al contratista.
2. La notificación de las observaciones o de las comunicaciones realizadas durante la fase de ejecución
contractual, y específicamente en el marco del procedimiento de recepción y conformidad deben
regirse supletoriamente por lo establecido en el Código Civil.
3. En el marco de las Compras Corporativas contempladas en la Décima Disposición Complementaria
Final del anterior Reglamento, la Entidad encargada, una vez que suscribía el contrato con el
proveedor asumía la calidad de Entidad contratante y, por tanto, todas las obligaciones y derechos
que le asistían como tal, siendo responsable de otorgar la conformidad por el íntegro de las
prestaciones efectuadas. De esta forma, dicha Entidad contratante, en su calidad de administrador
del contrato según lo dispuesto en el referido dispositivo, podía realizar las pruebas que considerara
pertinentes, además de solicitar las validaciones con las Entidades que recibían el bien o el servicio
en general, para efectos de otorgar la conformidad, siguiendo el procedimiento establecido en el
artículo 168 del anterior Reglamento. |
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Experiencia del personal clave |
Ley N° 30225, y modificada por el Decreto
Legislativo N° 1444. Decreto Supremo N°344-2018-EF. | 1. La experiencia del personal clave podía acreditarse a través de la presentación de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii)
certificados; o, (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demostrara la
experiencia del personal propuesto; asimismo el contenido de dicha documentación debía
incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u
organización que emitía el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien
suscribía el documento, a partir de lo cual se debía permitir conocer la experiencia (ejecución
efectiva de determinada actividad) adquirida por una persona en un periodo de tiempo
determinado, de ahí que como nota importante en las bases estándar se había previsto que para
la calificación de la experiencia del personal clave, se debía valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia.
2. Atendiendo a las particularidades de cada obra, durante el periodo de paralización y/o
suspensión podía -en ciertos casos- resultar necesario que algunos profesionales continúen
prestando servicios, en tanto estos resultaban necesarios para viabilizar dicha suspensión u
obedecieran a la realización de trámites propios de la gestión del contrato (tales como aquellos
destinados a la aprobación de prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resultara posible y no contraviniera otras disposiciones del
anterior Reglamento), por lo que, aun cuando la obra se encontrara suspendida y/o paralizada,
dicho personal seguiría prestando sus labores de manera efectiva.
3. La verificación del cumplimiento del requisito experiencia del personal clave, se realizaba en
función de la documentación que el postor presentara para acreditar de manera fehaciente el
tiempo de ejecución efectiva de determinada actividad. |
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Contratación de prestaciones pendientes derivadas de un contrato resuelto |
Ley N° 30225, y modificada por el Decreto Legislativo N° 1444. Decreto Supremo N°344-2018-EF. Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 009-2025-EF. | En virtud del principio de aplicación inmediata de las normas, desde la entrada en vigencia de
la Ley N° 32069 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2025-EF, todo proceso de contratación -incluso una contratación directa, por ejemplo- iniciado a partir del 22
de abril del 2025 deberá regirse conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones
del Estado vigente.
2. Cada Entidad contratante es competente y responsable de definir sus propios procesos de
contratación, en atención a las particularidades de sus requerimientos y a las disposiciones
aplicables de la normativa de contrataciones del Estado; debiendo precisar que este organismo
técnico especializado no puede determinar, en vía de opinión, si en una situación concreta se
configura -o no- una causal de contratación directa y/o si se cumplen las condiciones
establecidas para su empleo. 3. Una Entidad contratante solo puede emplear la causal de contratación directa prevista en el
literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley, cuando -entre otras condiciones previstas
en dicho dispositivo y en el literal k) del artículo 100 del Reglamento- las prestaciones
pendientes de ejecución deriven de un contrato resuelto o declarado nulo, proveniente de un
procedimiento de selección de naturaleza competitiva; por lo tanto, dicha causal no resulta
aplicable cuando la contratación primigenia de la cual derivan tales prestaciones pendientes sea
una contratación directa, es decir, de una no competitiva. |
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Solicitud de ampliación de plazo |
Ley N° 30225, y modificada por el Decreto
Legislativo N° 1444. Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias | 1. Una de las causales de ampliación de plazo que podía sustentar la solicitud de un contratista
ejecutor de obra era aquella que se generaba por atrasos y/o paralizaciones de obra, por causas
no imputables a dicho contratista; sin perjuicio de ello, cabe anotar que, para que dicha solicitud
sea procedente, ésta debía justificarse de manera objetivamente sustentada (con base a la
situación o evento específico que generó los atrasos y/o paralización), y además debía seguir
el procedimiento previsto en el artículo 198 del anterior Reglamento, para su aprobación,
de corresponder.
2. La causal de ampliación de plazo prevista en el literal a) del artículo 197 del anterior
Reglamento, referida a situaciones que generaban “atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al contratista”, implicaba que dichas situaciones sobre las que se basaba una
solicitud de ampliación de plazo no dependían de la voluntad del contratista; es decir, éste no
resultaba responsable de que tales situaciones se generen y que causen una paralización y/o
atrasos en la ejecución de una obra, afectando así el programa de ejecución de obra,
respectivamente. Adicionalmente, cabe señalar que mientras la figura de ampliación de plazo constituía una
forma de modificación contractual bajo los términos de la anterior Ley y el anterior
Reglamento, la posibilidad de que las partes (Entidad y contratista) decidan la suspensión del
plazo de ejecución contractual según lo dispuesto en el numeral 142.7 del artículo 142 del
anterior Reglamento suponía la existencia de un acuerdo entre las partes, cuando éstas no eran
responsables de los eventos que generaron la paralización de la ejecución contractual;
asimismo, la suspensión de plazo se diferenciaba de la ampliación de plazo contractual debido
a que aquella no generaba el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos,
salvo los estrictamente necesarios para viabilizar la suspensión; en la ampliación de plazo, el
reconocimiento de tales conceptos económicos representaba la consecuencia de la aprobación
de la referida modificación contractual.
3. En el marco del procedimiento para solicitar la ampliación de plazo de un contrato de obra, el
inspector o supervisor, según corresponda, tenía a su cargo la emisión de un informe técnico
en el que emitía su opinión respecto de la solicitud presentada y sustentada por el contratista;
siendo responsabilidad de éste último que su solicitud se encuentre debidamente sustentada,
para su posterior evaluación por parte del inspector o supervisor y de la Entidad,
respectivamente. |
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Pago de tarifas en contrato de supervisión durante recepción de obra | Ley N° 30225 y modificada por el Decreto
Legislativo N° 1341. Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
modificado por D.S. N°056-2017- EF. | En el marco de la anterior normativa del Estado, en la etapa de recepción de la obra
regulada por el artículo 178 del anterior Reglamento, correspondía que al supervisor
se le pague la tarifa correspondiente en función de la ejecución real de las actividades
efectuadas durante dicha etapa. No obstante, en caso se hubiesen formulado
observaciones a la obra, las actividades de supervisión que se hubiesen realizado
durante la ejecución de los trabajos de subsanación, así como aquellas ulteriores
vinculadas con la verificación del levantamiento de las observaciones, no generaban el
derecho de pago de ningún concepto. |
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El pago en los contratos derivados de compras corporativas |
Ley N° 30225 y sus modificatorias. Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias. | 1. De conformidad con lo establecido en la Décima Disposición Complementaria Final del
anterior Reglamento, la Entidad participante y la Entidad encargada suscribían un convenio
institucional; en virtud de este, es la Entidad participante la que asumía la obligación de pagar
por los servicios en general o bienes que le brindaba el proveedor seleccionado por la Entidad
encargada.
2. En el marco de una Compra Corporativa realizada al amparo de la Décima Disposición
Complementaria Final del anterior Reglamento, era la Entidad participante, no la Entidad
encargada, la que asumía la obligación de hacer el pago. De acuerdo con las reglas para el pago
previstas en el artículo 171 del anterior Reglamento, una vez que se le otorgaba al contratista
la conformidad por los bienes o servicios en general que había brindado, la Entidad participante
tenía diez (10) días calendario para efectuar el pago, en caso de retraso, el contratista tenía
derecho al pago de intereses legales, los que se computaban desde la oportunidad en que debía
efectuarse el pago.
3. La Décima Disposición Complementaria Final del anterior Reglamento establecía que en las
Compras Corporativas que se realizaban a su amparo, la obligación del pago, el que se realizaba
conforme a las condiciones y disposiciones contenidas en el artículo 171 del anterior
Reglamento, lo que involucraba el pago de intereses en caso de retraso en el pago, se encontraba
a cargo de la Entidad participante.
4. La anterior normativa de contrataciones del Estado, en relación con las Compras Corporativas
que regulaba la Décima Disposición Complementaria Final del anterior Reglamento, no
establecía que la Entidad encargada -que asumía el rol de Entidad contratante una vez que
suscribía el contrato con el proveedor- tuviera la función de exigir a la Entidad participante que
realizara el pago al proveedor que le brindaba los bienes y servicios en general. |
