¿Qué debe hacer una entidad cuando, al absolver una consulta o una observación, se da cuenta de que el expediente técnico de una obra necesita más presupuesto del previsto? ¿Corrige el monto y sigue adelante, o anula todo el procedimiento? Este artículo responde esa pregunta a partir de la Ley N.° 32069, su Reglamento y varios casos resueltos por el OECE.
Introducción
La fase de selección regulada por la Ley N.° 32069 y su
Reglamento contempla, entre sus etapas previas a la presentación de ofertas, la
formulación de consultas y observaciones a las bases y su posterior absolución,
la cual culmina con la integración de las bases. En el caso específico de la
contratación de obras, es frecuente que, producto de una consulta —entendida
como un pedido de aclaración o información adicional— o de una observación
—entendida como la comunicación fundamentada de un supuesto incumplimiento
normativo—, el comité de selección, el oficial de compra o la Dependencia
Encargada de las Contrataciones (DEC) adviertan la necesidad de precisar,
corregir o ajustar el expediente técnico de obra, lo que puede derivar en la
variación del presupuesto de obra y, con ello, en el incremento de la cuantía
de la contratación originalmente prevista.
Esta situación genera una tensión práctica relevante para la
entidad, quien tiene que decidir entre: (i) corregir el expediente técnico y
actualizar la cuantía dentro del propio procedimiento, integrando las bases con
la información corregida, o (ii) declarar la nulidad del procedimiento de
selección para retrotraerlo a una etapa anterior.
El objetivo de este artículo es explicar, con base en la Ley
N.° 32069, su Reglamento y la práctica del OECE en procedimientos de selección
de obras, en qué supuestos la actualización de la cuantía puede resolverse
dentro de la propia absolución de consultas y observaciones e integración de
bases, y en qué supuestos, en cambio, corresponde declarar la nulidad del
procedimiento. Para ello se revisan la Ley, el Reglamento y varios casos
resueltos por el OECE.
1 . El
requerimiento, el expediente técnico y la cuantía de la contratación
La Ley N.° 32069 atribuye al área usuaria la responsabilidad
de formular adecuadamente su requerimiento de obras en coordinación con la
dependencia encargada de las contrataciones, conforme al literal a) del
artículo 20 del Reglamento. En el caso específico de obras, el requerimiento se
materializa en el expediente técnico, el cual, según el numeral 46.5 del
artículo 46 de la Ley, “debe contar con
una estructura de costos definida de acuerdo con las particularidades que
demande la complejidad del proyecto”. Sobre esa estructura de costos se
determina la cuantía de la contratación, entendida como el valor que las
entidades contratantes establecen, según el numeral 48.1 del artículo 48 de la
Ley, “conforme a la PMBSO y lo dispuesto
en el reglamento, a fin de gestionar la asignación de los recursos
presupuestales necesarios”.
La propia Ley precisa, en el numeral 48.2 de su artículo 48,
que el Reglamento debe establecer en qué casos dicho presupuesto estimado
constituye “punto de referencia para las
ofertas”. El Reglamento desarrolla esta remisión distinguiendo los sistemas
de entrega de obra. Como regla general, el numeral 53.4 del artículo 53 dispone
que no es obligatorio dar a conocer a los proveedores la cuantía de la
contratación durante la fase de selección, salvo que esta constituya punto de
referencia para la presentación de ofertas. Tratándose de obras bajo el sistema
de entrega de solo construcción —el más frecuente en los casos revisados en
este artículo—, el numeral 163.2 del artículo 163 exige que la cuantía se
publique desde la propia convocatoria, con base en el presupuesto definido en
el expediente técnico, y el artículo 165 confirma que dicha cuantía es punto de
referencia obligatorio para las ofertas. La misma lógica aplica al sistema de
diseño y construcción, donde el numeral 166.1 del artículo 166 dispone que el
componente de ejecución de obra también es punto de referencia para la oferta.
En cualquiera de estos casos, la publicidad de la cuantía —y, correlativamente,
su exactitud— resulta obligatoria desde el inicio del procedimiento.
Esta distinción resulta determinante para el análisis, en la
medida en que la trascendencia de un error en la cuantía —y, con ello, la
necesidad de recurrir o no a la nulidad— depende, entre otros factores, de si
dicho monto opera o no como referencia obligatoria para la formulación de las
ofertas.
2. La absolución de
consultas y observaciones e integración de bases
El numeral 66.4 del artículo 66 del Reglamento regula la
formulación de consultas y observaciones, estableciendo que el pliego de
absolución, una vez elaborado por el oficial de compra, el comité o la DEC, se
publica junto con las bases integradas, las cuales “contienen las modificaciones o precisiones formuladas y se constituyen
en las reglas definitivas del procedimiento”. Esta etapa cumple, por tanto,
una función correctiva y depuradora: permite que las bases queden ajustadas a
la normativa vigente y a las necesidades reales de la entidad antes de que los
proveedores presenten sus ofertas.
De especial relevancia es el numeral 66.5 del mismo
artículo, que regula qué ocurre cuando la absolución de una consulta u
observación exige precisar o ajustar el requerimiento. La norma establece que,
en obras bajo el sistema de solo construcción, si el ajuste implica replantear
el expediente técnico, el comité o el oficial de compra deben seguir un orden
específico: primero, remitir la consulta u observación al órgano encargado de
elaborar, aprobar o dar conformidad a los expedientes técnicos de la entidad,
para que emita su opinión técnica; y solo después, con esa opinión, modificar
el requerimiento o solicitar la no objeción del área usuaria. Esta secuencia
confirma que el propio Reglamento prevé, como algo normal, que la absolución de
consultas y observaciones pueda derivar en un ajuste del expediente técnico
—evitando que una corrección apresurada comprometa la viabilidad técnica o
económica de la obra—, sin que ello implique remitir automáticamente el caso a
la declaratoria de nulidad.
Asimismo, el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento
habilita a los proveedores a cuestionar el pliego de absolución de consultas y
observaciones y las bases integradas ante el OECE, mediante la elevación de
cuestionamientos, cuando adviertan vulneraciones a la normativa de
contrataciones públicas o a los principios que la rigen. Es precisamente en el
marco de este mecanismo de control que el OECE ha tenido oportunidad de
pronunciarse, en diversos procedimientos de selección de obras, sobre la procedencia
de actualizar la cuantía de la contratación con ocasión de la integración
definitiva de las bases.
3. La cuantía de la
contratación no es un dato fijo
El numeral 53.1 del artículo 53 del Reglamento define la
cuantía de la contratación como aquella considerada por la DEC a efectos de
gestionar la certificación y/o previsión presupuestal, precisando de manera
expresa que dicha cuantía, inicialmente establecida en el Plan Anual de
Contrataciones (PAC) del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), “puede ser actualizada producto de la
interacción con el mercado, según corresponda”. Esta previsión normativa es
determinante para el problema planteado; el propio Reglamento reconoce que la
cuantía no es un dato inmutable fijado de manera irrevocable en el expediente
de contratación, sino una magnitud que puede variar en función de la
información técnica y de mercado disponible a lo largo de la preparación y
desarrollo del procedimiento.
A ello se suma que los literales d) y f) del numeral 54.2
del artículo 54 incluyen la cuantía de la contratación y la certificación de
crédito presupuestario como componentes del expediente de contratación, lo que
evidencia la estrecha vinculación entre la determinación —y eventual
actualización— de la cuantía y la disponibilidad de recursos presupuestales,
aspecto que necesariamente debe acompañar cualquier incremento del monto
proyectado para la obra.
4. Casos del OECE:
Pronunciamientos que permitieron la actualización de la cuantía.
La revisión de distintos pronunciamientos emitidos por el
OECE en el marco de la Ley N.° 32069 permite constatar que la actualización de
la cuantía —y no la nulidad— ha sido la solución adoptada de manera consistente
cuando la necesidad de ajuste del expediente técnico surge en la etapa de
absolución de consultas y observaciones e integración de bases, siempre que el
ajuste obedezca a la corrección de omisiones, imprecisiones o a la
incorporación de conceptos técnicamente justificados por la propia entidad.
En el Pronunciamiento N.° 344-2025/OECE-DSAT, referido a la
Licitación Pública N.° 2-2025-CS-MDS-1 de la Municipalidad Distrital de Salas
(Ica), la entidad contratante, atendiendo un cuestionamiento sobre la ausencia
de partidas relativas al certificado de inexistencia de restos arqueológicos en
superficies (CIRAS) y al plan de monitoreo arqueológico, decidió modificar el
expediente técnico de obra, incorporando dichas partidas y actualizando el
valor referencial de S/ 6’705,596.30 a S/ 6’759,817.54. El OECE acogió el
cuestionamiento y dispuso que, con ocasión de la integración definitiva de las
bases, se publicasen los documentos del expediente técnico actualizado
—presupuesto, análisis de precios unitarios, cronogramas, entre otros— y que la
entidad coordinara con el SEACE la actualización del valor referencial en la
ficha correspondiente.
De manera análoga, en el Pronunciamiento N.° 447-2025/OECE-DSAT, correspondiente a
la Licitación Pública N.° 04-2025/GRP-GSRLCC del Gobierno Regional de Piura, se
identificó que la incorporación de los costos financieros de la carta fianza
por adelanto directo dentro del desagregado de gastos generales —inicialmente
omitidos— generó un incremento del monto total del proyecto. El OECE dispuso la
publicación de los documentos del expediente técnico afectados (memoria
descriptiva, presupuesto de obra, fórmula polinómica, desagregado de gastos
generales, entre otros) con ocasión de la integración definitiva de las bases,
reiterando la fórmula según la cual el pronunciamiento “no convalida extremo alguno del procedimiento de selección”.
En el Pronunciamiento N.° 526-2025/OECE-DSAT, relativo a la
Licitación Pública de Obras N.° 2-2025-MPSM/CS-1 de la Municipalidad Provincial
de San Miguel, se advirtió una posible incongruencia en el cálculo de insumos
del presupuesto de obra; sin embargo, al no constatarse un error de relevancia
sustantiva —la diferencia identificada resultaba mínima y cubierta por el
margen de desperdicio admitido técnicamente—, el OECE concluyó que dicho error
“no resulta suficiente ni de gravedad
máxima para sustentar la declaratoria de la nulidad del procedimiento de
selección”, reafirmando el carácter excepcional que debe revestir la
nulidad frente a imprecisiones de orden técnico corregibles mediante la
actualización de la documentación.
Un supuesto adicional se aprecia en el Pronunciamiento N.° 345-2025/OECE-DSAT, emitido respecto de
la Licitación Pública N.° 1-2025-MDY/C-1 de la Municipalidad Distrital de
Yanas, en el que, ante una observación referida a una presunta incongruencia
aritmética en el presupuesto de obra, la entidad ratificó lo absuelto,
precisando que no existía tal incongruencia; no obstante, con ocasión de la
emisión del pronunciamiento, la propia entidad decidió actualizar el valor
referencial, disponiéndose la publicación del presupuesto de obra actualizado y
de toda la documentación afectada, bajo responsabilidad de la entidad y sujeta
a rendición de cuentas.
5. La nulidad en un
procedimiento de selección
Frente a la posibilidad de actualizar la cuantía,
corresponde examinar el régimen de nulidad previsto en el numeral 70.1 del
artículo 70 de la Ley, el cual regula de manera taxativa los supuestos en que
procede la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de
selección: a) cuando hayan sido dictados por órgano incompetente; b) cuando
contravengan las normas legales; c) cuando contengan un imposible jurídico; d)
cuando prescindan de las normas esenciales del procedimiento; y e) cuando
prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, solo cuando esta
sea insubsanable.
Además, el numeral 70.2 precisa que la nulidad puede ser
declarada por el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP), únicamente en el
marco de un recurso de apelación, o por la autoridad de la gestión
administrativa, de oficio, hasta el otorgamiento de la buena pro. Por lo que,
la nulidad procede únicamente ante vicios graves y taxativamente enumerados, y
no ante cualquier variación o ajuste del contenido de las bases, por más que
dicho ajuste module el monto económico del procedimiento. En esa línea, el OECE,
al resolver los cuestionamientos elevados contra el pliego absolutorio y las
bases integradas, no ostenta la competencia para declarar la nulidad del
procedimiento de selección; sin embargo, sí puede advertir la existencia de
vicios trascendentes que afecten el procedimiento de contratación, supuesto en
el cual, conforme al numeral 8.10 de las disposiciones específicas de la Directiva N.° 003-2025-OECE-CD, “se emite el documento que disponga las medidas correctivas a adoptarse,
no correspondiendo, en dicho supuesto, emitir pronunciamiento sobre la
solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio y las bases
integradas”.
Complementariamente, el artículo 92 del Reglamento establece
que la fase de selección culmina, entre otros supuestos, con el
perfeccionamiento del contrato o la cancelación del procedimiento. A su turno,
el numeral 85.1 del artículo 85 regula la cancelación del procedimiento de
selección como una potestad distinta y de menor severidad institucional que la
nulidad, prevista para los supuestos del artículo 57 de la Ley, lo que confirma
la existencia de mecanismos diferenciados según la naturaleza del problema
detectado.
6. Alcance y
límites de la actualización de la cuantía
La etapa de absolución de consultas y observaciones e
integración de bases fue diseñada, precisamente, como el mecanismo ordinario
para corregir y perfeccionar el contenido de las bases —incluido el expediente
técnico— antes de que se presenten las ofertas. Por ello, cuando una consulta u
observación revela la necesidad de ajustar el expediente técnico, actualizar la
cuantía es la vía coherente con el principio de eficacia y eficiencia,
reconocido en el literal b) del artículo 5 de la Ley, que exige a las entidades
priorizar el cumplimiento de los fines públicos por encima de formalidades no
esenciales. Así lo aplica el OECE en los casos revisados, al disponer la sola
actualización documentaria y presupuestal, sin afectar la validez del
procedimiento. Declarar la nulidad ante cada corrección de este tipo —máxime si
ocurre antes de la presentación de ofertas, cuando ningún proveedor ha
comprometido aún su propuesta— sería, por el contrario, desproporcionado e
innecesario.
Esta lógica, sin embargo, tiene límites. El propio numeral
66.5 del artículo 66 condiciona la modificación del requerimiento a la opinión
técnica previa del órgano competente y a la no objeción del área usuaria,
precisamente para evitar que la actualización se convierta en un mecanismo
arbitrario. Además, el OECE no sustituye el criterio técnico de la entidad
salvo que resulte manifiestamente insostenible: así lo confirman el
Pronunciamiento N.° 526-2025/OECE-DSAT, que descartó la nulidad ante un error
de mínima cuantía, y el Pronunciamiento N.° 345-2026/OECE-DSAT, en el que el OECE
precisó que no le corresponde actuar como perito técnico dirimente sobre los
criterios de la entidad para calcular su cuantía. En cambio, cuando la cuantía
actualizada constituye punto de referencia obligatorio para las ofertas y no se
registra correctamente en el SEACE, el OECE sí exige su corrección inmediata,
bajo apercibimiento de que se evalúen medidas conforme al artículo 70 de la
Ley, tal como ocurrió en el Pronunciamiento N.° 388-2026/OECE-DSAT.
En suma, la actualización de la cuantía es procedente cuando
el ajuste responde a una corrección técnica objetivamente sustentada y se
publicita debidamente; la nulidad, en cambio, se reserva para los vicios que
encuadren en alguna de las causales taxativas del artículo 70.1 de la Ley.
7. La certificación
presupuestal: un requisito indispensable
Un elemento crítico, frecuentemente reiterado en los
pronunciamientos revisados, es que la actualización de la cuantía no puede
quedar desprovista de su correlato presupuestal. El literal f) del numeral 54.2
del artículo 54 del Reglamento exige que el expediente de contratación cuente
con la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal
correspondiente, mientras que el artículo 220 del Reglamento —aplicable a
determinados sistemas de entrega— exige expresamente que la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto realice las actualizaciones correspondientes de dicha
certificación en consistencia con las actualizaciones de costo que conlleve el
contrato. En la práctica revisada, la actualización del valor referencial
(cuantía) estuvo siempre acompañada de la respectiva certificación presupuestal
ampliada, aprobada mediante resolución de la autoridad competente de la
entidad, lo que constituye una condición de validez ineludible: sin la
cobertura presupuestal correspondiente, la sola actualización documentaria del
expediente técnico resultaría insuficiente y podría, en sí misma, configurar un
vicio de contravención normativa.
8. La
responsabilidad funcional no desaparece
Finalmente, no puede perderse de vista que la posibilidad de
actualizar la cuantía en la etapa de integración de bases no exime de
responsabilidad a los funcionarios y servidores que intervinieron en la
formulación defectuosa del requerimiento inicial. El artículo 26 de la Ley
establece que los funcionarios y servidores de la entidad contratante que
intervienen en la organización, elaboración de documentación y conducción del
procedimiento de contratación son responsables de la información remitida, con
independencia del régimen jurídico que los vincule a la entidad, disposición
reiterada expresamente por el OECE en los pronunciamientos analizados al
señalar que las adecuaciones se remiten “bajo
su responsabilidad y sujeta a rendición de cuentas”. Este mecanismo de
responsabilidad funcional opera, en el diseño de la Ley N.° 32069, como el
contrapeso adecuado frente a la flexibilidad que ofrece la actualización de la
cuantía, evitando que dicha herramienta se convierta en una vía de elusión de las
consecuencias de una deficiente formulación del expediente técnico, sin
necesidad de recurrir a la nulidad del procedimiento como sanción generalizada.
9. Conclusiones
En la etapa de absolución de consultas y observaciones e
integración de bases, cuando una consulta u observación revela la necesidad de
precisar, corregir o complementar el expediente técnico de una obra —con la
consiguiente variación del presupuesto—, corresponde, como regla general,
actualizar la cuantía del procedimiento, siguiendo el cauce establecido en el
artículo 66.5 del Reglamento, que exige la opinión técnica previa del órgano
competente de la entidad y la no objeción del área usuaria, antes de modificar
el requerimiento.
Los pronunciamientos N.° 344-2025, 345-2025, 447-2025 y
526-2025/OECE-DSAT, demuestran que la actualización del valor referencial o
cuantía —acompañada de la publicación de la documentación técnica actualizada y
de la respectiva certificación presupuestal— constituye la solución
ordinariamente adoptada frente a incrementos del monto del expediente técnico
detectados en dicha etapa, sin que ello comporte, por sí solo, la nulidad del
procedimiento.
La declaración de nulidad del procedimiento de selección,
conforme al artículo 70 de la Ley, constituye un remedio de aplicación
excepcional y taxativa, reservado a los supuestos de incompetencia del órgano
emisor, contravención de normas legales, imposible jurídico, prescindencia de
normas esenciales del procedimiento o de formalidades insubsanables. Cabe
precisar que el propio OECE, al resolver cuestionamientos elevados contra el
pliego absolutorio y las bases integradas, no ostenta la competencia para declarar
dicha nulidad —la cual corresponde al TCP o a la autoridad de la gestión
administrativa, conforme al numeral 70.2 de la Ley—, de modo que, ante la
advertencia de vicios trascendentes, su actuación se limita a disponer las
medidas correctivas correspondientes, conforme al numeral 8.10 de la Directiva
N.° 003-2025-OECE-CD. Como lo confirman los pronunciamientos N.° 526-2025 y
345-2026/OECE-DSAT, el OECE tampoco sustituye el criterio técnico de la entidad
contratante en la determinación de la cuantía salvo que este resulte
manifiestamente insostenible; la procedencia de la nulidad debe evaluarse caso
por caso, en función de la gravedad del vicio detectado y de su incidencia
sobre los principios de transparencia, igualdad de trato y libre concurrencia, y
no puede activarse automáticamente ante cualquier variación del monto del
expediente técnico.
La actualización de la cuantía debe ir necesariamente acompañada de (i) la certificación de crédito presupuestario correspondiente, (ii) su debida publicidad registral ante el SEACE —cuya omisión, conforme al Pronunciamiento N.° 388-2026/OECE-DSAT, puede habilitar la evaluación de medidas bajo el artículo 70 de la Ley— y (iii) la asunción de responsabilidad funcional por parte de los servidores que formularon el requerimiento inicial, conforme al artículo 26 de la Ley, de modo que dicha figura no se convierta en un mecanismo de elusión del control sobre la calidad de los expedientes técnicos, sino en un instrumento razonable y proporcional para preservar la eficacia del procedimiento de selección sin sacrificar la legalidad ni la transparencia que rigen la contratación pública.